En lugar de achicar gastos, la mayoría de las privatizadas los aumentaron considerablemente en el último tiempo. Como son operadores privados, a la sociedad no tendría por qué importarle. Su único interés es obtener servicios de calidad a precios razonables. Pero la situación cambia cuando las empresas al mismo tiempo que suben sus erogaciones hacen insistentes reclamos por fuertes subas de tarifas. Y se torna todavía más polémica cuando se analizan los rubros que más subieron: honorarios a directores y síndicos, gastos de representación, viajes al exterior, consultoría, publicidad y liquidación de servicios al operador. Con esa salida de dinero, los balances de las empresas lucen menos rentables y refuerzan su posición en la negociación con el Gobierno. En la práctica, sin embargo, como en una puerta giratoria, los beneficiarios de esos pagos son los mismos accionistas que piden remarcarles a los usuarios.

Una de las razones del Gobierno para quitarle la concesión a Aguas Argentinas surgió de descubrir en sus balances situaciones escandalosas como las que se acaban de describir. Cuando el Ministerio de Planificación se decidió a hurgar un poco en la contabilidad de la empresa, detectó sin demasiado esfuerzo cómo malgastaba el dinero. En lugar de destinarlo a resolver problemas críticos como el de los nitratos, la compañía se dedicó a liquidar millones en consultoría (25 millones el último año), contrataciones a empresas vinculadas y a transferirse recursos a sí misma mediante la fórmula de pagos al operador.

La sospecha del Ejecutivo es que por esa vía derivó divisas a los principales accionistas, que le siguieron sacando el jugo a una empresa técnicamente quebrada y que descuidó a los usuarios. Las maniobras que bien se desentrañaron en ese caso se repiten casi calcadas en una decena de otras privatizadas. Pero el Gobierno no hizo valer esa información del mismo modo y avanzó en las renegociaciones de contratos.

Metrogas acaba de conseguir su cuarto aumento de tarifas para usuarios industriales y comerciales (del 18 por ciento retroactivo a julio del año pasado, que se sumó a otros anteriores del 35 y dos veces del 15 por ciento). La empresa, mientras pactaba esos valores con las autoridades, elevó en un 110 por ciento sus gastos en publicidad (de 331.000 a 696.000 pesos). También subió sus presupuestos en las áreas de viajes y estadías (35 por ciento, de 364.000 a 491.000 pesos), honorarios por servicios profesionales (25 por ciento, de 2.372.000 a 2.974.000 pesos) y honorarios por asesoramiento al operador técnico (3,6 por ciento, de 3.331.000 a 3.452.000 pesos).

El incremento en este último rubro, honorarios por asesoramiento al operador técnico, es una constante en los balances de las privatizadas. Así lo detectó el ex diputado socialista Héctor Polino, quien realizó una profunda investigación. En el caso de Metrogas, el operador técnico que cobró más dinero por sus servicios es British Gas International, la controlante de la empresa. Es decir que fue un autopago. En Transportadora de Gas del Sur (TGS), los 24.669.000 pesos de remuneración al operador técnico del balance de 2004 los cobró hasta el 17 de julio de ese año Enron Pipeline Company y, a partir de esa fecha, Petrobras Energía, también vinculada a TGS. En Camuzzi Gas Pampeana los honorarios pasaron de 4.278.145 a 4.815.898 pesos (12,5 por ciento). El servicio es prestado por Camuzzi Argentina, controlante de Sodigas Pampeana, que a su vez controla a Camuzzi Gas Pampeana.

Lo mismo ocurre con Gas Natural Ban. Una sociedad vinculada a ella, Gas Natural SDG, se llevó 4.586.435 pesos contra 4.402.044 del balance anterior. Los sueldos de los directores y síndicos subieron en el mismo período un 54 por ciento. Los directores de Gas Natural Ban son la envidia de cualquier líder sindical, que quedaría como un prócer ante sus afiliados si fuera capaz de conseguir un reajuste del 54 por ciento en sus haberes en sólo un año. En este caso, al parecer, el aumento no es inflacionario. Además, el presupuesto en consultorías subió un 6 porciento, de 3.328.719 a 3.518.528 pesos. El ítem viajes y estadías pasó de 643.697 a 810.545 pesos (25 por ciento), mientras que publicidad y propaganda varió de 1.071.569 a 1.256.542 (17 por ciento).

“Una empresa que está pidiendo suba de tarifas no puede darse el lujo de incrementar sus gastos en rubros como consultoría o publicidad”, remarcó Polino. “Si se encuentra en una situación difícil, se supone que debería bajar sus erogaciones, no aumentarlas”, insistió. “Los motivos por los cuales lo hicieron fueron básicamente dos: castigar los balances para justificar la presión por ajustes de tarifas, pero al mismo tiempo disponer de esos recursos a través de empresas vinculadas”, completó. Otro apunte del fundador de Consumidores Libres fue que llama la atención la escalada de gastos en publicidad en compañías monopólicas, que no tienen competidores.

Autopistas del Sol contrató los servicios de un estudio jurídico que tiene como socios a dos directores de la empresa: Francisco Fornieles y Alfredo Cantilo (h.). El contrato de asesoramiento jurídico fue firmado con el estudio Fornieles & Del Carril. Por otra parte, la empresa reconoce deudas por 31.438.621 pesos con tres de sus accionistas: Dycasa, Abertis Infraestructura y Grupo Dragado. La Autopista del Oeste, en tanto, elevó los honorarios por asistencia técnica y gerenciamiento de 4.041.289 a 4.179.912 pesos (3,5 por ciento) y honorarios por prestaciones diversas de 582.023 a 865.674 pesos (48 por ciento). El Gobierno acaba de autorizar subas en los peajes de ambas autopistas del 15 por ciento en autos y motos. La renegociación del contrato indultó sus multas por incumplimientos desde enero de 2002.

Una explicación que dan en el Ministerio de Economía sobre la política de renegociación de contratos es que el Ejecutivo no podía confrontar con tantos poderes al mismo tiempo. Un país que recién estaba saliendo de una crisis como la que padeció la Argentina no estaba en condiciones de pelearse con el FMI, el Grupo de los Siete, las privatizadas, los acreedores externos y el establishment financiero. En algún punto tenía que ser componedor. Por eso fue necesario encarar la mejor negociación posible con las prestadoras de servicios públicos, sin ser lo ideal. Polino, con la mirada puesta en los usuarios, insiste en que “se perdió la oportunidad histórica de haber ido al fondo de la cuestión”. “En lugar de analizar a fondo los contratos y los incumplimientos, como lo ordenaba la Ley de Emergencia Económica, se entró en un regateo con las empresas”, fustigó.

En el caso de las distribuidoras eléctricas, el balance de Edesur refleja la firma de un contrato con uno de sus accionistas, Chilectra, para el asesoramiento técnico. Se extiende hasta agosto de 2007. Ya le ha pagado 31.603.000 pesos y le adeuda otros 12.043.000. Edenor, finalmente, aumentó un 66 por ciento los sueldos de directores y síndicos (de 132.000 a 219 pesos) y un 46 por ciento los gastos en publicidad (de 1.855.000 a 2.718.000 pesos).