“El Presidente está decepcionado. Enojado y decepcionado no sólo con Tabaré sino con todo el proceso de este gobierno uruguayo.” Este estado de ánimo de Néstor Kirchner fue descripto a Página/12 por un funcionario que se reunió con él el jueves por la tarde, horas antes de que desde la cancillería oriental el ministro Reinaldo Gargano –uno de los halcones incomprensiblemente antiporteños de la administración del Frente Amplio– dijese que el diálogo con la Argentina estaba cerrado. Kirchner, quien antes de dichas declaraciones sabía de las imposibilidades de Vázquez para con la tozudez de la empresa finlandesa Botnia, puso en la cuenta de su decepción una serie de actitudes de los uruguayos, que más que molestos por las acciones de Buenos Aires y Brasilia respecto del Mercosur, ponen en riesgo su propia existencia insistiendo con firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, actitud unilateral prohibida en los estatutos de fundación del bloque regional de esta parte del hemisferio.

Un detalle pasó desapercibido el viernes: luego de que Gargano diese por cerrado el diálogo con la administración Kirchner por los inconvenientes que trajo aparejada la instalación de dos fábricas de pasta de celulosa (Botnia de Finlandia y Ence de España), y de amenazar con apelar al Consejo del Mercosur por los cortes que los vecinos entrerrianos hacen sobre los puentes internacionales, la propia Cancillería uruguaya, con fuentes que guardaron su identidad, intentó bajar el tono de lo dicho por su ministro, en otro cable de la agencia informativa EFE. Sin embargo, la tibia morigeración anónima no surtió efecto alguno, y las autoridades argentinas ratificaron que tienen intención de ir con la causa a la Corte Internacional de La Haya, órgano natural para dirimir los litigios que se susciten a partir de las violaciones del tratado sobre el río Uruguay, acordado hace décadas por Uruguay y Argentina. La posición argentina es fuerte, entre otras cosas porque las violaciones ejecutadas por el ex presidente Jorge Batlle cuando firmó los convenios con las factorías europeas fueron flagrantes. Esta fortaleza se ve menguada ante los cortes de los pasos fronterizos, hecho que Montevideo cuenta como argumento más fuerte para entablar otra litis y cambiar el eje de la discusión.

La empresa Botnia, amparada en su draconiano convenio firmado por Batlle –y no repudiado por Vázquez– desató nuevamente un conflicto que parecía encaminarse tras el encuentro de ambos presidentes en Santiago de Chile: allí les solicitaron a las empresas un plazo de hasta 90 días para realizar un estudio de impacto ambiental. Botnia primero dijo que sí, luego que sólo estaría dispuesta a paralizar sus obras durante 10 días, entre los cuales contabilizaba los tres de Semana Santa. “Fue una bofetada que los uruguayos no supieron o no pudieron evitar. Se ve que Uruguay no tiene el poder de decisión para con la empresa, ha perdido la soberanía a manos de una empresa privada que hace lo que le venga en ganas, hasta aumentar un conflicto entre dos países hermanos”, confió a este cronista un cercano consejero de Kirchner.

¿Por qué Botnia dio marcha atrás? Ocurrió que la empresa finlandesa se enteró de en qué consistía el estudio que se solicitaba. Entonces cambió de parecer. Allí, argentinos y uruguayos coligieron que escondían la información porque su sistema de producción no calificaba para pasar airoso un análisis de impacto ambiental.

Se produjo entonces la reunión entre Vázquez y la gerencia de la empresa finlandesa. Tabaré se quejó por el giro de su posición respecto del plazo de paralización de la obra y por el retaceo de la información. Los ejecutivos no dudaron en apelar al contrato firmado por Batlle y amenazaron con ir a la Justicia de Finlandia –tal como lo dispone el contrato de marras y el acuerdo de protección de inversiones entre ambas naciones–. El presidente uruguayo, ofuscado, tuvo una reacción ocurrente: “Si ustedes no otorgan la información, los vamos a vigilar y controlar peor, más estrechamente, de lo que lo haría el más duro de los argentinos”, descerrajó. Los finlandeses no cambiaron su posición.

La conducción de la Cancillería argentina, en tanto, brama en sordina a más no poder. “Los uruguayos están imposibles, incluso lo estuvieron en el plazo de gracia, cuando Kirchner y Tabaré habían dado una fuerte señal para arreglar el problema. Tiene el estigma de que los ‘porteños’, como nos llaman varios de ellos, los queremos pasar”, confió un empinado integrante del Palacio San Martín. Un encuentro del canciller Jorge Taiana con varios diplomáticos orientales selló esa sensación.

“La conferencia de prensa fue una gran sobreactuación de Gargano. Lo peor fue el tono con que lo dijo”, evaluó uno de los ministros más importantes del gobierno argentino, para quien, luego del giro de Botnia y de las conversaciones que estaba manteniendo entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario general de la Presidencia oriental, Gonzalo Fernández, “ya no había forma de destrabar el conflicto, básicamente por la actitud de Botnia”.

No obstante, la evaluación que hacían en la Casa Rosada de la situación hasta el viernes pasado, antes de la conferencia de Gargano, era muy positiva a pesar del desencuentro. En los alrededores del despacho presidencial contabilizaban que después de la reunión de los presidentes en Chile, se había conseguido: 1) quebrar el frente del gobierno uruguayo con Botnia; 2) el reconocimiento uruguayo de la existencia de un diferendo con la Argentina; 3) que el mismo era binacional y no del Mercosur; 4) y que la Argentina tenía derecho de apelar a un tribunal internacional. Estas cuestiones fueron expuestas por Gonzalo Fernández en su conferencia del pasado miércoles, en Montevideo.

“Fue una conferencia donde expresaban su derrota ante la empresa, pero donde nos daban la razón. Gracias a eso, estábamos en posición inmejorable para ir a La Haya, cosa que ellos ya sabían que haríamos porque no quedaba otro camino. Lo único que no debíamos hacer es volver a cortar los puentes. En Gualeguaychú se están cavando su propia fosa”, ensayó, un tanto indignado, uno de los principales negociadores del entuerto ante este cronista.

Los cortes

“(El gobernador entrerriano, Jorge) Busti está desquiciado: quiere hacer un plebiscito para ver si el Estado acepta o no un delito; cortar rutas y puentes internacionales es un delito”, se quejaba, con lógica impecable, un integrante del Gobierno. Los cortes de las rutas y los puentes que unen la Banda Oriental con Entre Ríos generan el conflicto que tributa a crear un litigio distinto al que plantearon la instalación de las pasteras. La praxis de choque de los vecinos de Gualeguaychú, entienden en el gobierno nacional, da carnadura al caso que intentan crear en la vera oriental del Río de la Plata, que es el de los cortes de ruta, los cuales sí son apelables en el Mercosur.

La actitud de Busti no es evaluada con benevolencia en los despachos de la Casa Rosada, pero sus mayores críticas recaen sobre el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, del partido Nuevo Espacio. “El es un gran responsable de los cortes”, acusan desde Balcarce 50. “Gargano salió a dar esa conferencia de prensa flamígera después del regreso del corte en Gualeguaychú”, evalúan en esta ribera del río.

“Estamos en condiciones de ir a La Haya con buenos argumentos. Y podemos apelar ante el Banco Mundial, que financia una parte de las obras. Al haber reconocido Uruguay que existe un diferendo con la Argentina por la construcción de las pasteras, el Banco Mundial retirará su financiación, porque no puede ser agente de una obra que genere un conflicto internacional”, especuló una de las altas fuentes consultadas por este diario. “Pero no hay que cortar los puentes”, insistió, con cierto enojo. Según el funcionario, los vecinos de Colón no se plegarían a esta gimnasia. Y los de Gualeguaychú podrían recapacitar. Pero hasta ahora, es una expresión de deseos.

Kirchner, en tanto, mira la fragilidad del gobierno de Vázquez y evita enojarse en público con su par, aunque lo hace intramuros de su despacho. Hubiese preferido que sus viejos amigos –a los que ayudó con todo lo que pudo, fomentando el ‘voto Buquebús’ y facilitando la salida por migraciones de todos los uruguayos que fueron a votar desde la Argentina– tuviesen una actitud más frontal con los intereses empresarios y que no jugasen con una hipotética firma de un TLC con Estados Unidos para mostrar su enojo en el Mercosur. También, que enfrentase más firmemente a la derecha de su país, que lo metió en una encerrona y hasta le marcó el paso en este conflicto. La decepción presidencial se relaciona más profundamente con un anhelo no concretado: tener a su vera a un ladero más cercano a la ilusión que creaba, antes de ganar las elecciones, que el Frente Amplio tomase el poder.