La generación o el transporte irregular de residuos patogénicos, el ingreso o comercialización en la ciudad de equipos con PCB y el cirujeo en la vía pública a cargo de cartoneros no inscriptos en el registro oficial son algunas de las nuevas infracciones contempladas en el proyecto para reformar el Código de Faltas porteño que el Gobierno de la Ciudad presentó ayer en la Legislatura. Se trata de cuatro iniciativas que, además de sancionar conductas hasta ahora no previstas, endurecen las sanciones para las faltas más graves, aquellas que ponen en riesgo la seguridad de las personas, como la elaboración de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas, la liberación de sustancias contaminantes o permitir el ingreso a un local bailable de más personas que las autorizadas. Los reincidentes en actividades consideradas críticas –como geriátricos, escuelas privadas o estaciones de servicio– sufrirán obligatoriamente inhabilitación o clausura. Y para agilizar la aplicación del Código se creará un nuevo cuerpo de controladores para faltas vinculadas con el medio ambiente, la seguridad urbana, bromatología y construcciones. En 45 días llegará el turno de las infracciones de tránsito: habrá un sistema de puntaje vinculado con el seguro automotor, que premiará a los que no cometan faltas y castigará a los infractores.

“La reforma al régimen de faltas fue consensuada con los legisladores de los bloques mayoritarios en la Comisión de Justicia, durante los últimos treinta días”, informó ayer el ministro de Gobierno de la Ciudad, Diego Gorgal, al dar a conocer el paquete de proyectos.

Argumentó que la necesidad de modificar el Código surgió a partir de la intensificación de inspecciones post-Cromañón, que permitió comprobar que el sistema de sanciones era ineficaz. “Descubrimos que había infractores a los que les convenía pagar la multa antes que corregir la irregularidad y seguir cometiendo la falta”, explicó el ministro.

La ineficiencia del sistema tenía otra pata en el sistema de sanciones: la Unidad Administrativa de Control de Faltas, en Carlos Pellegrini 311, cuenta con 24 controladores, que deberían ocuparse de 1.800.000 actas por año. Sólo una mínima parte de esa cantidad recibe sanción. El resto se esfuma después de un año, cuando prescribe cada infracción.

Por ese motivo, el paquete presentado ayer incluye la extensión del plazo de prescripción a dos años. “Además, se extenderá a las faltas el sistema de mandatarios que hoy se dedica a cobrar judicialmente a los morosos de la Dirección de Rentas”, anunció Gorgal. Los mandatarios son equipos de abogados contratados por la Procuración de la Ciudad para ejecutar las deudas que el Estado no puede cobrar, a cambio de una comisión.

Los ejes de la reforma, según explicó Gorgal, son los siguientes:

- Se incrementan los montos de las multas para figuras que ponen en riesgo la seguridad. Por ejemplo, se cuadruplican las multas a los establecimientos que elaboren y comcercialicen alimentos sin guardar las condiciones de higiene adecuadas. Y se multiplican por diez las que se aplican a establecimientos o vehículos que liberan sustancias contaminantes.

- La reiteración de una falta en el término de un año merece la duplicación de las multas.

- Los establecimientos críticos (geriátricos, sanatorios, shoppings) que funcionen sin las debidas instalaciones contra incendios recibirán una multa mínima de 20.000 pesos, 200 veces más que los establecimientos no críticos.

- Habrá sanciones obligatorias de inhabilitación o clausura para los casos de reiteración de la misma falta en actividades críticas. Esas accesorias existen hoy pero su aplicación es optativa.

- No será posible el pago voluntario (que representa un descuento del 25 por ciento en el monto de la multa) en las figuras que comprometen la seguridad. “Estos infractores tampoco podrán acogerse al sistema de pagoen cuotas, ya que muchos pagaban sólo la primera cuota para que les levanten la clausura y luego se olvidaban del resto.”

En cuanto a la creación de la nueva Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, apunta a descomprimir el trabajo de los actuales controladores, que se ocuparán exclusivamente de las faltas de tránsito. “No queremos ampliar el número de una estructura que no funciona”, dijo Gorgal, en alusión a la actual Unidad Administrativa de Control de Faltas. Los futuros funcionarios serán designados por concurso público de oposición y antecedentes. El nuevo organismo estará estructurado en agencias especializadas: medio ambiente, bromatología, higiene y sanidad, seguridad urbana y actividades constructivas.

“El nuevo cuerpo debería estar funcionando a fin de año. Pensamos en que lo hará en un nuevo edificio, adonde se mudará toda la justicia de faltas porteña”, anunció Gorgal.