“El tema no se tratará el jueves y no hablo más”, responde el diputado Carlos Kunkel cuando este diario le pregunta por el caso del juez federal Claudio Bonadío. La acusación por mal desempeño que se le formula al magistrado en la causa en la que se tendría que haber esclarecido el encubrimiento del atentado contra la AMIA, figura entre los temas del orden del día del Plenario del Consejo de la Magistratura de mañana. Un cambio de último momento llevaría al oficialismo a posponer el debate. Los consejeros deberían decidir entre dos proyectos presentados por la Comisión de Disciplina. El de la mayoría, impulsado por el senador Miguel Angel Pichetto, acompañado por el senador Nicolás Fernández y otros ocho consejeros, que recomienda desestimar las acusaciones que se le formulan al juez, o el dictamen de la diputada del ARI Marcela Rodríguez, que reclama que el tema pase a la Comisión de Acusación.

El tema de Bonadío vuelve al centro de la escena en el mismo momento en que el juez Ariel Lijo comenzó una ronda de indagatorias para esclarecer una de las tantas maniobras que rodearon a la causa por el ataque a la AMIA: el pago de 400 mil pesos/dólares a Carlos Telleldín.

Las primeras denuncias contra el juez federal que llegaron al Consejo de la Magistratura datan de 2003. El entonces titular de la Unidad AMIA del Ministerio del Interior, Alejandro Rúa, lo cuestionó por retardo de justicia, por no haber resuelto ningún acto procesal de importancia, por tener demorada durante cuatro años la investigación del rol del ex ministro Carlos Corach en la maniobra, por haber neutralizado el trabajo de otros organismos a los que les negó el acceso al expediente. Otras presentaciones cuestionaban la lentitud de Bonadío, su amistad con el ex juez Juan José Galeano, objeto de la investigación, y por no haberse excusado en el expediente a pesar de haber trabajado en la Secretaría Legal y Técnica bajo las órdenes de Corach.

Rúa fue muy duro en sus cuestionamientos. Incluso criticó al actual ministro de Justicia, Alberto Iribarne, quien lo querelló por sus declaraciones. También lo desplazó de la Unidad AMIA. En los pasillos del Consejo de la Magistratura es un secreto a voces que hay cierto interés de La Rosada en darle una mano a Bonadío. Algo que repiten llegó como sugerencia de la Casa de Gobierno a los oídos de Pichetto. El salvavidas para Bonadío estuvo a punto de llegar a fines de 2005. En aquella ocasión se postergó porque se estaban produciendo algunos recambios de consejeros y en el Senado comenzaba el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura. En el Palacio de los Tribunales, lugar físico donde funciona el organismo, se afirma que la Rosada no quería avanzar sobre el tema y es por eso que aunque figuraba en la agenda de temas pendientes, no será tratado.

“La gravedad de los hechos que se denuncian tiene que ser motivo de una profunda investigación en la comisión de acusación. No se puede cerrar este expediente que involucra la causa más grave de los últimos años sin tomar ninguna medida relevante”, dice a Página/12 la diputada del ARI, Marcela Rodríguez. En privado, los hombres del oficialismo se negaban a formular ningún comentario. Aún vestidas de seda, hay causas que no son fáciles de defender.