–¿Para qué se vienen a pelear tan lejos? ¿No lo podían arreglar todo allá, entre ustedes? –pregunta la mujer taxista, de melena rubia cobriza, mientras desliza su automóvil por una de las anchas avenidas de La Haya. En esta ciudad señorial, impregnada de actividad diplomática, todavía hay margen para el desconcierto. Las delegaciones de expertos que vienen a exponer sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en la demanda por la construcción de las celulosas permanecen en un microclima de derecho ambiental. Argentina trajo diecisiete personas entre staff de la Cancillería, técnicos, asesores y abogados internacionales. Los uruguayos son diecinueve, y presentan una diferencia: los lidera un funcionario político, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Ayer, cada equipo se fue completando a lo largo del día. Hubo reuniones preparatorias con aires de recta final que seguirán hoy. Las audiencias serán mañana y pasado.

Los representantes argentinos buscarán convencer al tribunal, integrado por quince jueces, de que la instalación de las papeleras de Botnia y Ence causarán un daño ambiental irreparable, con riesgo inminente. Sus Señorías decidirán, hacia fines de julio, si conceden o no una medida cautelar para paralizar las obras. También tienen la opción de proponer alguna salida intermedia. Argentina pidió la suspensión como un escalón previo a la resolución del tema de fondo: la acusación contra el gobierno de Tabaré Vázquez de haber violado el Estatuto del Río Uruguay, al habilitar en forma unilateral la construcción de la pasteras en sus márgenes pese a que la norma establece que se trata de aguas comunes a los dos países. La Corte podría demorar hasta cinco años en resolver ese punto.

Susana Ruiz Cerruti, consejera legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, estará al frente del dream team de especialistas. Es probable que sea la primera en exponer mañana ante los jueces, que se vestirán con la toga y un pañuelo blanco con encaje al cuello que los identifica. Esta ex canciller del gobierno de Raúl Alfonsín fue una de las últimas en llegar ayer a Holanda. Estuvo desde el viernes en Francia reunida con los cuatro (cotizados) abogados extranjeros que contrató Argentina, entre ellos Philippe Sands, referente del derecho ambiental y socio de la esposa del premier inglés Tony Blair. Otros funcionarios autorizados a hablar como “agentes” son el embajador en Holanda, Santos Goñi, y Horacio Basabe, director del Instituto del Servicio Exterior. La Corte les dará tres horas mañana desde las 10 para desarrollar su argumentación, en la que planean incluir la proyección de imágenes. Los uruguayos tendrán otras tres horas a la tarde. El viernes podrán rebatirse mutuamente.

Cerruti se hospeda con toda la gente de la Cancillería en el hotel Crowne Plaza, sobre una callecita rodeada de arboledas, mansiones de tejas grises y conecta con otras callecitas, algunas de las cuales desembocan en el mar. Las playas son anchísimas, la arena es limpia y hay restaurantes y bares frecuentados por gente de todas las edades, de evidente buen poder adquisitivo y bronceada pese a que la temperatura todavía ronda los 15 grados y sopla una brisa fría. Es llamativo este paisaje en una ciudad burocrática, capital política de Holanda, que suele experimentar los fines de semana el éxodo de los que sólo vienen a trabajar. Amsterdam queda a 25 minutos.

A la cabeza de la comitiva uruguaya está Héctor Gros Espiell, embajador en Francia y ex juez de la Corte Interamericana. Como figura política el sostén es Fernández, el secretario presidencial. Viajaron la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, y el subsecretario del área, Martín Ponce de León, y otros dos embajadores. Se alojan en el hotel Golden Tulip, a unas cinco cuadras del grupo de la Cancillería argentina. Ayer estuvieron analizando la presentación y se mostraron herméticos. Sólo Ponce de León estrechó en un abrazo a esta cronista y dijo, entre la broma y el lamento: “Estamos aquí por un accidente absurdo...”.