La ley nacional que sacó del fuero federal las causas judiciales por venta minorista de drogas para pasarlas a la competencia de los magistrados provinciales fue declarada inconstitucional por un juez federal de Morón. La denominada desfederalización del narcotráfico al menudeo recibió un nuevo y llamativo argumento en su contra, con cita al ex ministro de Bienestar Social José López Rega incluida. De acuerdo con el juez federal de Morón Germán Castelli, autor del fallo, la ley no sólo “viola el sistema federal”, sino que esas ventas de bajo rango “interesan a la defensa nacional”.

No son nuevas las críticas a la ley 26.052, sancionada en 2005 y a la que adhirió la provincia de Buenos Aires. Quienes le realizan objeciones señalan que la Justicia en las provincias no cuenta con suficientes recursos económicos y técnicos, debido a la falta de fiscales y peritos para atender todas las causas. También se reclama por la dudosa reputación de la Policía Bonaerense en la lucha contra el narcotráfico, que desde diciembre pasado se hace cargo de las investigaciones de la venta al menudeo. No obstante, el planteo de Castelli sorprendió tanto a los que defienden la nueva norma como a sus opositores.

El fallo del juez de Morón, el mismo de la causa por el incendio de la estación de Haedo en octubre pasado, se inició con una denuncia recibida por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de La Matanza acerca de la venta de cocaína en una casa de Rafael Castillo. A partir de los datos recibidos, la Bonaerense allanó la vivienda el 22 de diciembre de 2005, donde secuestraron once envoltorios con cocaína, dinero, elementos para el fraccionamiento de la droga y armas.

Todo indicaba que se trataba de un lugar de venta minorista, por lo que intervino un juez de la provincia. Pero en febrero, un juez de Garantías de La Matanza declinó la competencia por entender que “la conducta investigada constitutiva del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización no fue alcanzada por la reforma de la ley”. Entonces, Castelli aceptó la causa y aprovechó para descargarse contra la desfederalización.

“Sostener, como lo han hecho los legisladores nacionales y provinciales, que determinadas conductas vinculadas al comercio de droga pueden ser juzgadas en el ámbito provincial, viola, indudablemente, el sistema federal que rige en la República Argentina”, sostiene en su fallo.

Además, Castelli considera que las ventas de droga al por menor “afectan al ser humano, provocando de tal suerte la destrucción de los aspectos fundamentales de su personalidad, lo que interesa evidentemente a la defensa nacional”. El juez alertó que, según las Naciones Unidas, “los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”. El toque de distinción en el fallo lo da una cita: “El tráfico ilegal de estupefacientes debe ser perseguido y reprimido hasta la aniquilación”. Corresponde a la ley 20.771, sancionada en 1974 por impulso de López Rega y que consideraba al narcotráfico como una cuestión de seguridad nacional.