Mientras que la silla inflable de seis metros instalada en la Plaza de Mayo intentó simbolizar los obstáculos que faltan sortear para hablar de una inclusión real de las personas con discapacidad, el petitorio con la firma de cientos de organizaciones sociales presentado ayer al gobierno nacional representó la traducción escrita de las cuentas pendientes en materia de empleo, salud y educación que tiene el Estado con este sector de la sociedad.

Garantizar el acceso a fuentes de trabajo a partir del cumplimiento del cupo mínimo del 4 por ciento del personal en la administración pública y de la promoción del empleo protegido para quienes no se puedan desempeñar en el mercado laboral, priorizar el otorgamiento de pensiones no contributivas a personas con capacidades diferentes, mejorar en forma “urgente” la provisión de medicamentos y prestaciones de salud fueron algunos de los puntos incluidos en el documento elaborado por el Foro Pro, entidad que agrupa a 500 organizaciones y que trabaja desde hace diez años en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

“Dada la situación preocupante que este sector de la población enfrenta, en especial quienes viven en situación de pobreza, creemos que es necesario un accionar comprometido, ya que su situación es totalmente vulnerable”, remarcó Pablo Molero, titular del foro.

Con la presentación del petitorio finalizó la jornada de concientización y de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el domingo pasado. Las actividades comenzaron a las 10 con la instalación de la silla de rueda gigante que tenía como objetivo “llamar la atención sobre la situación de las personas con discapacidad” y continuó hasta después del mediodía con el espectáculo de murgas, coros y bailes que tuvo como protagonistas a chicos con capacidades diferentes de varios institutos.

Las cientos de organizaciones, además, reclamaron al Estado nacional que ejecute políticas públicas que conviertan a las ciudades en lugares accesibles tanto urbana como arquitectónicamente, que las personas puedan acceder en tiempo y forma al certificado de discapacidad, que promuevan una política educativa de educación especial que mejore la atención de los afiliados al Pami y, por último, jerarquice el funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis) a fin de constituirlo en un organismo rector de los planes del Estado en la temática.