En 1983 las diputadas electas eran apenas 11 entre 254 bancas de la Cámara baja: representaban sólo el 4,33 por ciento. Esa proporción fue creciendo muy lentamente hasta 1993, primer año en que se aplicó la Ley de Cupo, cuando saltó al 12,45 por ciento: 32 mujeres entraron a la Cámara baja de un total de 257 escaños. Elección tras elección la tendencia fue al alza: en 1995 fueron 64 (25 por ciento). En la última, el 28 de octubre de 2007, pasaron a ser 102 entre 255 miembros, es decir, 40 por ciento.

En relación con el Senado, el gran salto se dio en 2001 –primer año en que se aplicó la Ley de Cupo–: de ser entre uno y a lo sumo cuatro mujeres de 72 bancas, pasaron en aquel año a 25 y en la elección de octubre, a 28, es decir a representar el 39 por ciento del total.

La Ley de Cupo 24.012, sancionada en 1991, fijó la obligatoriedad de un 30 por ciento, como mínimo, de mujeres en las listas de los partidos políticos, en proporciones con posibilidad de resultar electas. Se aplicó por primera vez en las elecciones para la Cámara de Diputados de 1993 pero, en el caso del Senado, recién se puso en práctica en 2001. La Constitución nacional reformada en 1994 estableció en su artículo 37 y en la cláusula transitoria segunda que se deben tomar acciones positivas que aseguren la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para acceder a los cargos electivos y partidarios. En cuanto a las provincias, existen leyes en 22: la mayoría fija el 30 por ciento como piso mínimo de cupo femenino, con excepción de Formosa, Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz, que marcan el tercio de la Cámara, es decir, el 33 por ciento.