El suboficial retirado de la Policía Federal Carmelo Cirella Paredes, quien en 1984 denunció y admitió su participación en crímenes cometidos en Mendoza durante la última dictadura, cambió su declaración ante el juez Walter Bento luego de recibir amenazas de muerte contra él y su familia. Cirella había ratificado su testimonio en 2006 para el documental “7746 Legajo Conadep” del periodista Rodrigo Sepúlveda. En diciembre fue detenido junto con tres de los policías que denunció. Tras los aprietes sugirió que había hablado “por venganza” y que el documentalista le había pagado. Pero Sepúlveda lo desmintió ante el juez, quien ratificó los procesamientos. La marcha atrás de Cirella es una nueva advertencia al Estado sobre la necesidad de proteger a los testigos, aún (más) si se trata de ex represores. No es un caso aislado: otros dos se desdijeron luego de aportar valiosa información a la Justicia.

Cuando retornó la democracia Cirella estaba preso por delitos comunes. Desde la cárcel envió una carta a Conadep, que le tomó declaración. Ratificó sus dichos ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza. Detalló dos secuestros seguidos de muerte: el de Amadeo Sánchez Andia en 1975 y el de Víctor Romano Rivamar en 1976. El primero, contó, fue “chupado” en el Hospital de San Martín y ejecutado en Canotas, Las Heras. Al segundo lo fusiló por la espalda Oscar Fenocchio, jefe de la delegación de la Policía Federal. Cirella participó como chofer. En ambos casos intervinieron el jefe de inteligencia Ricardo Aleks y los policías Rodolfo Cardello, Marcelo León, Juan Carlos Zuccaro, José Luis Mirotta, Oscar Duarte, Humberto Panonti y Pedro Barrozo. El médico Dalmiro Podestá controlaba el ritmo cardíaco de las víctimas durante las sesiones de tortura en la Policía Federal, agregó.

Cirella reiteró su denuncia para el documental de Sepúlveda y en octubre pasado ante el juez. En diciembre Bento detuvo y procesó a León, Cardello, Mirotta y al propio Cirella. También pidió la captura de Aleks, aún prófugo. Al llegar al pabellón sanitario del Hospital Lagomaggiore un desconocido le advirtió a Cirella en un pasillo: “Estás muerto”. Ya internado recibió otro mensaje: “Cuando llegues al penal te van a matar, conseguite una chuza”. La penitenciaría de Boulogne Sur Mer a la que iba a ser trasladado batió todos los records de asesinatos intramuros. Su mujer también fue amenazada en Tunuyán. Por la conmoción que sufrió debió ser internada en un instituto psiquiátrico.

El 4 de enero Cirella relató los hechos ante Sepúlveda. Luego le envió una carta al juez. “Por razones de salud y seguridad personal” le pidió el traslado a Tunuyán. Al mes volvió a pedir la palabra. Dijo que sus viejos dichos fueron por venganza y que recibió 2000 pesos para el documental. “No es verdad. No nos pidió ni le ofrecimos dinero”, aclaró Sepúlveda. Tras su declaración el juez ratificó los procesamientos, que fueron apelados ante la Cámara Federal. El gobierno de Celso Jaque, cuestionado por emplear a ex represores, es querellante en los dos casos sobre los que habló Cirella. Se trata del tercer represor que aporta datos útiles y, sin protección, elige desdecirse. En 2003 Néstor Cendón, hoy prófugo, dijo que su testimonio en Conadep fue “bajo promesas de dádivas”. Orestes Vaello se esmeró en desacreditar su palabra ante la Cámara Federal de La Plata para evitar represalias. Tal vez haga falta algo más elemental que recompensas.