El capitán de navío Juan Martín Poggi, integrante del Grupo de Contención de la Armada, fue desplazado de su puesto. Página/12 informó el domingo último que en el cuarto piso del Edificio Libertad trabajan los oficiales encargados de informar y asesorar a los camaradas procesados por delitos de lesa humanidad. Defensa le pidió ayer informes al almirante, Jorge Godoy sobre esa oficina, que reporta a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales que depende de la Secretaría General Naval.

Poggi declaró el miércoles pasado en el juicio por la masacre de Trelew que conversaba institucionalmente con todos los implicados en “delitos de derechos humanos” (sic).

Poggi pasó a retiro en el 2006 y de inmediato fue recontratado; es uno de los “retirados en servicio”. Con esa categoría revistan casi doscientos altos oficiales. Es la forma en que la Marina –al igual que el Ejército y la Aeronáutica– les da conchabo a quienes no pueden seguir la carrera activa pero reciben un salario equivalente, entre ellos se destacan varios compañeros de promoción de Godoy y de Enrique Salvador Olmedo, el tercer hombre de la Armada.

Algunos ironizan con la supuesta “anarquía” en la que viven los hombres de mar: el almirantazgo parece enterarse de lo que sucede en la fuerza una vez que es publicado por la prensa. Con las irregularidades en la adjudicación de las obras del polo educativo en Vicente López, lugar en que se instalarán las escuelas que funcionaban en el edificio de la ESMA, Godoy ordenó abrir sumarios a partir de las notas de este diario. Poco después desplazó al contraalmirante retirado Roberto Pertusio, detenido con prisión domiciliaria por homicidios y secuestros y asesor del Centro de Estudios Estratégicos, que preside el propio Godoy, pasó lo mismo. Ahora desplazaron a Poggi.

El capitán de fragata Angel Vázquez también declaró ante la Justicia de Rawson, Chubut. Según el testimonio del cabo Carlos Amadeo Marandino, uno de los detenidos por el fusilamiento de 19 guerrilleros que habían intentado fugarse del penal de Rawson en 1972, Poggi y Vázquez lo habían citado en octubre del año pasado al Edificio Libertad. El objetivo era informarle sobre su posible citación en el proceso que se está instruyendo en Chubut. A diferencia de Poggi, Vázquez está en actividad, fue destinado a una dependencia de Mendoza y fuentes de Defensa aseguraron a Página/12 que se suprimiría la función que está ejerciendo el capitán.

En el mismo Grupo de Contención reporta el capitán de corbeta Sergio Vargas, quien también está en actividad y es oficial de Inteligencia. Todos son abogados, en el Libro de Precedencia de la Armada figura con destino en la Asesoría Jurídica, zona 50 (Buenos Aires) pero, en realidad, trabaja a las órdenes de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. Vargas es uno de los letrados que más conoce el derrotero de las causas que involucran a represores. Entre los uniformados aseguran que durante un año que estuvo de licencia recaló en el estudio de José Scelzi, uno de los defensores de militares.

En diciembre del ’99, este diario había confirmado en Tribunales que el capitán abogado Pedro Florido actuaba junto con Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces para que le comuniquen cualquier novedad sobre los expedientes por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad. Florido había sido denunciado por el sobreviviente de la ESMA, Víctor Basterra, como el oficial que lo obligó a elaborar tres pasaportes falsos para Licio Gelli, el gran maestre de la Logia P2 a la que pertenecía el entonces mandamás de la Armada, Emilio Eduardo Massera. A pesar de ese currículum, Florido fue propuesto para ascender en los estertores del gobierno de Carlos Menem y el de la Alianza lo convalidó. Recién en diciembre del 2003 pasó a retiro. Es otro de los “retirados en servicio” pero sin destino.

Para entonces, el Grupo de Contención ya había pasado del Servicio de Inteligencia Naval a la órbita de la Secretaría General Naval. La decisión de desplazar a Poggi y Vázquez confirma, de hecho, la existencia de ese grupo. Sin embargo, intenta dejar a salvo a los altos mandos como si esas actividades hubieran sido desconocidas en una estructura que se supone hace de la verticalidad un dogma de funcionamiento.