La secretaria de Ambiente y Recursos Humanos de la Nación, Romina Picolotti, eligió ayer mantener silencio en relación con el fallo de la Corte Suprema en la causa Riachuelo. El no comment que hicieron llegar sus voceros vino precedido, el mismo día, por la clausura de dos empresas (Colchones Simmons y Fibra Papelera SA) que vertían líquidos contaminantes al riacho más negro de toda América (ver aparte). El silencio, en todo caso, vino precedido por la inédita decisión de la Corte de imponer multas por cada día de incumplimiento de los plazos que recaerán sobre la cabeza de la autoridad competente, en este caso, la titular de Acumar, la secretaria Picolotti. Hubo otras repercusiones más sonoras: el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, consideró que “es un fallo de enorme trascendencia, porque no hubo una causa en la que se delimitara con tanta claridad el derecho colectivo”. Para Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG admitidas como terceros en la causa, “estamos ante un fallo histórico, porque obliga al Estado a dar respuesta a la más grave situación socioambiental del país y que afecta de modo directo a más de dos millones de personas”.

En el fallo sobre la causa Riachuelo, la Corte dispuso que el defensor del Pueblo será el “responsable de la formación y coordinación de un cuerpo colegiado integrado por representantes de las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa”. La designación, sostuvo el tribunal, tiene como objetivo “fortalecer la participación ciudadana en el control del cumplimiento del programa” de limpieza.

“Es un fallo operativo –señaló el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino a este diario–. Porque no hubo una causa en la que se delimitara con tanta claridad el derecho colectivo. Se está refiriendo a un número indeterminado de personas a las que la Corte dice que se repare el daño. No se trata de un caso sino de un colectivo. El fallo marca un antes y un después.”

Para Mondino, por otra parte, se trata de una notoria novedad en relación con los derechos colectivos ambientales. “Los fallos de la Corte –sostuvo Mondino– nunca son obligatorios para la primera y segunda instancia judicial, pero son una muy fuerte referencia. Sientan jurisprudencia y, en este caso, están marcando toda una posición respecto al interés colectivo y los derechos ambientales.”

En las obligaciones que repartió la Corte, Mondino estará a cargo del control del plan de saneamiento. “Dispuso que sea el responsable de la formación y coordinación de un cuerpo colegiado que represente a la sociedad, y que estará conformado por las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa como terceros interesados.” “Nosotros siempre pedimos un cronograma claro con plazos claros y un plan sanitario de emergencia, porque no se atendía la salud, porque la gente sufría de manera directa la contaminación, como los chicos de Villa Inflamable que mostraron ese altísimo porcentaje de plomo en la sangre.”

Las ONG que formarán el cuerpo colegiado dirigido por Mondino serán el CELS, la FARN, Greenpeace y la Asociación de Vecinos de la Boca, que ayer estaban abocadas a la lectura pormenorizada del fallo.

“El fallo es histórico –dijo Andrés Nápoli, director del Area de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales–, porque obliga al Estado a dar respuesta a la más grave situación socioambiental de Argentina y que afecta de manera directa a más de dos millones de personas.”

Para Nápoli, es “absolutamente novedoso y positivo que la Corte haya encomendado al defensor del Pueblo y a las ONG que actuamos en la causa la conformación del cuerpo colegiado. Va a permitir impulsar la participación y el control ciudadano”.

–¿Usted cree que el fallo se cumplirá o es impensable que doble el brazo de las empresas?

–No puedo decir si se va a cumplir o no. Lo que se puede decir es que el fallo hay que verlo en el contexto de intervención de la Corte, que se viene produciendo, se va avanzando. No se está igual que antes de la intervención del tribunal. La Corte logró que por primera vez el tema del Riachuelo estuviera en la agenda de la política pública. Ahora no dijo cómo se debe hacer. Lo que hizo fue fijar objetivos, plazos y responsables.