Además de pedir que la UBA desarrolle una propuesta sobre copyright que pueda ser debatida en el Congreso, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se declaró en contra de los proyectos de ley que proponen crear un canon digital sobre computadoras, celulares, reproductores de MP3 y otros dispositivos tecnológicos. Las iniciativas que Adriana Bortolozzi, por su lado, y Rubén Giustiniani y Miguel Angel Pichetto, por su parte, presentaron en la Comisión de Legislación General, con el beneplácito de entidades recaudadoras de derechos de autor, motivaron el “rechazo” del Consejo. En la misma resolución que fundamenta su posición, el CD solicita “al rectorado de la UBA que coordine la elaboración de una propuesta de una nueva ley de copyright que contemple las nuevas realidades tecnológicas permitiendo la copia y distribución de contenido digital sin perjuicio para los usuarios, y garantizando el libre acceso al arte y la información”.

Los proyectos “no contaron con participación ciudadana en su elaboración, fuera de la participación de las entidades privadas (...) o las empresas discográficas”, sostiene la resolución. Además, “las políticas de canon digital (N. de R: que en uno de los países pioneros en implementarlas, España, ahora enfrentan acusaciones de inconstitucionalidad) buscan perpetuar el modelo de negocios de las discográficas que monopolizan la distribución de obras musicales protegidas por propiedad intelectual, siendo que ya no proveen un servicio exclusivo (la copia material de las obras), sino que la tecnología actual provee de métodos de muy bajos costos para la copia y distribución de contenido digital, perjudicando los intereses de esas empresas”. Por otra parte, los dispositivos tecnológicos sobre los que se propone imponer un derecho económico “tienen múltiples usos que exceden por mucho la copia de contenido protegido”, y sin embargo el canon se pretende aplicar de modo indiscriminado sobre los equipos, con lo que afecta a quienes “realizan copias de contenido protegido (...) como a quienes copian contenido no privativo”.

La lógica misma de los proyectos de ley “viola el derecho al ámbito privado” y “la presunción de inocencia”, al inmiscuirse en acciones privadas de los usuarios, y su puesta en marcha puede ampliar “la brecha digital entre ricos y pobres, encareciendo insumos tecnológicos básicos”. Todo ello, a su vez, se opone a políticas de Estado en marcha, como “los programas de suministro de notebooks a estudiantes de escuelas secundarias”, y perjudica también a “los emprendimientos y desarrollos tecnológicos que se basan en los insumos gravados” por los proyectos. Por ello, el CD sostuvo que es “indispensable la reformulación de la actual ley de copyright para adaptarla a las nuevas realidades tecnológicas”.