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Un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó revisar la decisión del Juzgado de Menores 5, que había dictado el sobreseimiento de tres gendarmes denunciados por una furibunda golpiza aplicada a un adolescente detenido durante un robo a un supermercado. La lectura del fallo de los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero no sólo permite el análisis de su fallo sino que además remite a la desatención judicial cuando se trata de investigar a fuerzas de seguridad denunciadas por alguien cualquiera que, para colmo, no llega a los 18.

El 12 de febrero de 2014, un adolescente de 16 años, O.L.F., fue detenido por tres gendarmes alrededor de las cuatro de la tarde, cuando intentaba robar algo de un minimercado en la zona del Bajo Flores junto con otros dos pibes. O.L.F. fue acusado de amenazar y lesionar a empleados del local.

La descripción del hecho en la denuncia que inició la investigación contra los uniformados dice que “un gendarme lo tomó del cuello y lo tiró al suelo, mientras dos de ellos lo patearon en las costillas. Posteriormente lo levantaron y trasladaron a bordo de un móvil de dicha fuerza al destacamento ubicado en Bonorino y Riestra de esta ciudad, donde lo arrojaron nuevamente al suelo y entre varios gendarmes le propinaron patadas en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas, en los brazos y, finalmente, uno de los agresores le tiró un balde de agua encima”.

La denuncia del joven añadió que después de unos “20 minutos lo subieron nuevamente al móvil y lo trasladaron a otro destacamento sito en la calle Perito Moreno. Durante el trayecto, refirió que una de las gendarmes le pegaba con el puño mientras otro lo hacía con una picana. Una vez llegados a destino lo sentaron en un banco donde, en el transcurso de un poco más de una hora, los dos gendarmes mencionados más un tercero le propinaron golpes en su espalda”.

El destacamento de Lacarra tiene su historial. Página/12 informó sobre el allanamiento que sufrió en abril de 2015, luego de la denuncia de otro adolescente, en la que sostuvo que además de picanearlo lo amenazaron con plantarle drogas. En el allanamiento en busca de pruebas, la Procuvin se topó con 125 ravioles de cocaína, dos ladrillos de marihuana y medio centenar de DNI, además de tarjetas de débito, crédito, tarjetas verdes, documentación de prepagas, surgidas de las requisas ilegales efectuadas a los que tenían la mala suerte de toparse con las fuerzas del presunto orden, documentaciones que no eran devueltas ni informadas a la Justicia.

Volviendo al adolescente vapuleado, luego del tratamiento gendarmeril, lo trasladaron al Centro de Admisión y Derivación Ursula Inchausti, de la Secretaría de Niñez, donde debían haberlo trasladado obligatoriamente como primer movimiento tras la detención. Una médica del CAD constató las lesiones que presentaba el adolescente. Los tres gendarmes reconocidos e imputados, Carolina Vanesa Olinik, Osvaldo Emmanuel Villalba y José Abraham Maldonado (este último falleció antes del fallo de Cámara), alegaron que las marcas que mostraba O.L.F. eran producto de los golpes recibidos durante la pelea con los empleados del local. Y tal cual lo dijeron, lo tomó el juzgado 5 a cargo de Adriana Leiras: consideró que no había suficientes pruebas para determinar que los golpes habían sido cometidos por los gendarmes.

La defensora oficial de menores Claudia López Reta sostuvo que la jueza se basó en “las declaraciones de quienes fueron damnificados en la causa”, los empleados del minimercado, que obviamente tienen la mirada inclinada contra el adolescente; y que no tuvo en cuenta en cambio los testimonios de los compañeros de O.L.F. Por último, que el detenido no declaró ante la jueza de menores. También sostuvo que del informe médico “no surgen elementos que permitan desacreditar que las lesiones fueron producidas por los golpes que habría recibido por parte del personal de Gendarmería”.

El camarista demolió el fallo de la jueza Leiras.

- Pese a que la magistrada consideró que los golpes fueron resultado de la riña, los peritos médicos determinaron que se habían producido a menos de seis horas del peritaje, cuando la riña había ocurrido mucho antes.

- No tomó declaración en el juzgado al adolescente detenido.

- No escuchó a los compañeros del detenido ni solicitó la causa en la que se investigaba a los dos compañeros de O.L.F., mayores de 18.

- No analizó si los empleados del minimercado o los gendarmes habían sufrido lesiones.

- Freiler y Ballestero también sostuvieron la necesidad de citar a los peritos médicos y a testigos que no fueron citados.

Y subrayaron la importancia de que, tratándose de un menor de 18 años, obligaba al Estado a una protección y atención especial de acuerdo a los tratados internacionales compartidos por Argentina. Párrafo dedicado expresamente a una jueza especializada en la cuestión.

Como apoyatura del fallo de la Sala I, los jueces recordaron otra denuncia de Procuvin, de octubre de 2015, sobre “irregularidades por parte de personal de la Gendarmería Nacional Cinturón Sur, al momento de la detención de personas, en su mayoría menores que –sostienen los camaristas– tienen una notable similitud con la modalidad delictiva objeto de la presente pesquisa”. Está claro, con modalidad delictiva se refieren a la intervención gendarmeril.