La ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue pionera en establecer medidas para enfrentar el problema. Una de ellas fue la resolución 1515/2012. La normativa, firmada a fines de 2012, formó parte de un amplio abanico de regulaciones –revolucionarias–, impulsadas por la ex funcionaria durante su gestión en ese Ministerio y antes, en Defensa, para incorporar la perspectiva de género en un sector tan machista como el de los uniformados. De la estructura creada en ese momento, poco queda más que una Coordinación de Género, una dependencia con poca jerarquía. Entre otras áreas, se disolvió la dirección de Derechos Humanos, que era la encargada primaria de las políticas de seguridad hacia la ciudadanía y hacia el personal de las fuerzas en la materia. Los temas de violencia no aparecen como responsabilidades primarias ni acciones de ninguna de las 6 secretarías, 17 subsecretarías y más de 30 direcciones que tiene el Ministerio. Alcanza con buscar la palabra “género” en la estructura organizativa, aprobada por la Decisión Administrativa 421/2016, para advertir su casi total desaparición (tan sólo una referencia mínima en la Dirección de Planeamiento).

Pero la resolución 1515 sigue vigente. Puntualmente, prevé que al personal denunciado se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar su jornada laboral. Actualmente, según informó a este diario Carolina Barone, la coordinación de Políticas de Género de la cartera, designada por la ministra Patricia Bullrich, hay 222 efectivos de fuerzas de seguridad con esa restricción. Entre ellos, la ex pareja de Karina Gonella, el comandante principal de Gendarmería, Pablo Sepúlveda (ver aparte). Barone precisó que hay otros “202 expedientes finalizados debido a que se levantó la medida cautelar que estaba vigente porque el personal se pasó a retiro”.

Por otro lado, “la Coordinación de Género, a través de la resolución ministerial 299/13 solicita información sobre portación y tenencia de armas por parte de los mismos ante el Registro Nacional de Armas (Renar). Las respuestas de dicho organismo a la Coordinación con dictamen positivo son remitidas a la autoridad judicial competente en los casos como información que pueda ser de utilidad para la causa. En el caso de que la medida cautelar se vence, se lleva a cabo una junta de reconocimientos en donde se resuelve la restitución o no del arma. De esta forma nos aseguramos que el arma reglamentaria no pueda ser utilizada fuera del ámbito laboral, porque sabemos que esta puede ser una herramienta utilizada para ejercer violencia hacia la mujer”, dijo a este diario Barone.