“La violencia familiar incluye a todo el mundo, no sólo a las mujeres. Es prioritariamente de género pero no podemos dejar afuera a los chicos, a los discapacitados y a los ancianos”, sostuvo la psiconalista Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, que depende del Ministerio del Interior, para explicar por qué el proyecto no se limita a la violencia conyugal. Y desafió a los legisladores –una vez que la iniciativa que se elaboró bajo su dirección llegue al Congreso en los próximos días– a demostrar si quieren “trabajar en serio en contra de la violencia familiar”.

El proyecto, aclaró en diálogo con Página/12, se lo pidió personalmente el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “Quiero una ley que sirva, me dijo, porque la actual está añeja y no sirve”, agregó. La ley 24.417 se aprobó en 1995. En su momento, significó un gran avance legislativo, pero su aplicación en los tribunales demostró en los últimos años que necesita algunas modificaciones como ampliar las definiciones de violencia.

–¿Qué sucede hoy con un agresor que es denunciado en la Justicia?

–En lugar de sancionarlo, se lo manda a hacer a psicoterapia. Es un grave error técnico: nadie puede obligar a alguien a hacer un tratamiento. Al agresor no le interesa en lo más mínimo. En nuestro proyecto de ley, el juez lo sanciona y además lo puede instar a que realice un tratamiento.

–¿Sirven los grupos de recuperación de violentos?

–Existen grupos de contención cuyos resultados habrá que evaluar con los años. Quienes los coordinan, si se les pregunta, no pueden dar estadísticas de agresores rehabilitados. El hecho de que participen de esos grupos no significa que el agresor no vaya a su casa y vuelva a golpear.

–¿El violento es un enfermo?

–No es ningún enfermo. No golpean porque son enfermos. Encuentran placer en golpear, en humillar. No sé por qué. Hoy hay chicos que se están entrenando al ver a su padre golpeando a su madre, pero algunos de ellos reproducirán esa conducta y otros no.

Para Giberti “hoy la mayor complicación para sancionar la violencia familiar está en la cabeza de algunos jueces”, que no entienden la problemática del fenómeno y a quienes “no les han enseñado en la Universidad qué es la violencia psicológica”. “Si encontramos jueces como los que dejaron en libertad a (Mario) Ochoa, se puede esperar cualquier cosa”, apuntó Giberti, en referencia al caso del chofer de micro escolar condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de menores discapacitados, que tras la sentencia en primera instancia no fue encarcelado, estuvo un día prófugo cuando una sala de la Cámara de Casación ordenó su detención y luego se entregó.