La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires habría utilizado facturas truchas para inventar gastos millonarios al menos en los años 2004 y 2005. En sus archivos contables figura, como caso ilustrativo, la compra de pintura a una empresa que declaraba dedicarse a la venta de cereales al por mayor, según pudo saber Página/12. Esa contratación, una entre tantas, se hizo con Calibán SA, sociedad fantasma que resultó clave en las maniobras de la multinacional Skanska para disimular pagos ilegales en dos obras públicas. Según sospecha la Justicia, el cuerpo legislativo habría disfrazado salidas ilegales de dinero destinadas a campañas u otras actividades políticas.

Dos semanas atrás el presidente de la Cámara de Diputados provincial, el kirchnerista Ismael Passaglia, recibió una notificación del juez penal tributario Javier López Biscayart, que le exigía toda la documentación sobre operaciones del cuerpo con una larga lista de empresas sospechadas de ser ficticias. A Su Señoría le interesa conocer en detalle hacia dónde tendieron sus tentáculos esas sociedades sospechosas: su investigación apunta a desarticular una organización que comercializa papelería falsa para burlar al fisco y/o disimular pagos ilícitos. Pero también quiere determinar las responsabilidades de quienes requirieron esos servicios.

El pedido de López Biscayart integraba una nómina de 500 empresas, bancos, sindicatos y organismos públicos. La Cámara de Senadores de la provincia reconoció tener facturas por unos 15 mil pesos de Videomedia Editora, un presunto sello de goma. La de Diputados le pidió al juez una prórroga para entregar sus documentos, concedida hasta fin de la semana próxima. Según fuentes cercanas a la Cámara baja, su Dirección de Legal y Técnica habría detectado que las facturas dudosas acumuladas serían unas cuantas.

Por lo pronto, este diario pudo verificar que entre octubre de 2004 y enero de 2005 hubo por lo menos tres contrataciones directas por algo más de 72 mil pesos en total, que serían truchas. En aquel momento la Cámara bonaerense estaba presidida por el ex duhaldista Osvaldo Mércuri, uno de los cinco candidatos del peronismo que aspiran a la intendencia de Lomas de Zamora. Los investigadores no descartan que haya operaciones similares anteriores y posteriores también. Las facturas en sí mismas estarían en poder del Tribunal de Cuentas de la provincia.

u Según un expediente interno del órgano legislativo que lleva el número 1102-24280, figura al menos una factura de Calibán SA por una compra de pintura para la Dirección de Servicios Auxiliares. El importe es de 26.470,80 pesos, de acuerdo a la documentación a la que accedió Página/12. Sin embargo, Calibán SA declaraba como objeto social actividades muy distintas entre sí y totalmente ajenas a la provisión de pintura: “Venta al por mayor de cereales” y también “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”.

u Con los números de expediente 1102-24312 y 1102-24802 hay dos supuestas adquisiciones de “toner” para la Dirección de Análisis de Sistemas. Los comprobantes serían de la firma Netversatile SA, una presunta empresa “pantalla”, según señalaron fuentes judiciales. Los pagos fueron de 19.604,25 y 26.059,50 pesos respectivamente.

Passaglia, un felipista con intención de acomodarse en las filas de Daniel Scioli, no contestó los llamados de este diario. Mércuri dijo que “los procedimientos fueron legales” y “aprobados por el Tribunal de Cuentas” (ver recuadro). Ese tribunal por lo general no analiza la autenticidad de las facturas sino la razonabilidad de los precios y montos pagados.

Un fantasma codiciado

El hallazgo de las actividades de Calibán SA, que se asoció en 2004 con Infiniti Group, fue uno de los grandes disparadores de la megainvestigación de López Biscayart sobre facturas truchas. La denuncia la había hecho la AFIP. En una resolución del 6 de julio de 2006 el juez aseguró que Calibán era “una persona jurídica materialmente ficticia y carente de actividad real”. Como pruebas señalaba: que la conformaban personas sin capacidad económica; no hay rastros de instalaciones donde hubiera funcionado (dio un domicilio inexistente y otro que estaba vacío); sus declaraciones juradas no muestran saldos de IVA y Ganancias a favor de la AFIP; no presentó balances ante la Inspección de Justicia; y su objeto social “sumamente vasto”, “imposible de abordar”.

Aquel expediente conocido como “Di Biase” también destapó el caso Skanska. Uno de los apoderados de Calibán-Infiniti, Adrián Félix López, lleva casi un año y medio preso como consecuencia de ambos asuntos: está procesado por asociación ilícita fiscal (vendía toda la ingeniería para eludir impuestos) y también como partícipe de la evasión de la compañía sueca, a la que le aportó facturas truchas por algo más de un millón de pesos para que inflara gastos relativos a las obras de dos gasoductos.

López no es cualquier imputado: fue el primero en dar indicios de que el escándalo Skanska podía tratarse no sólo de un caso de evasión sino de coimas y deslizó sospechas sobre al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Tiene protección especial porque López Biscayart considera que su vida puede estar en peligro.

En otra derivación de esta gran pesquisa fue que López Biscayart se topó con cientos de empresas y organismos estatales que serían usuarios de facturas apócrifas. El sector privado suele recurrir a estos recibos como estrategia para eludir impuestos, aunque según mostró la causa Skanska también se pueden combinar otros usos, como disimular “comisiones indebidas”. Esta segunda opción es la que reina en el sector público, que no paga impuestos como IVA y Ganancias: se inventan erogaciones para disfrazar el destino real del dinero. Este concepto fue especificado en una resolución de otro juez, Rafael Caputo, del fuero penal económico. Caputo había detectado facturas truchas en 37 reparticiones estatales (nacionales y provinciales), en su mayoría del año 2000 en adelante, entre ellas el Congreso nacional y la Jefatura de Gabinete (ver recuadro). Las denunció ante la Justicia federal, donde se abrieron múltiples causas.

López Biscayart, por su lado, comenzará a investigar a la vuelta de sus vacaciones, en unos diez días, a todos los proveedores de la administración pública nacional. Según informe que recibió, varias empresas “apoc” (sociedades irreales que figuran en una base de datos de la AFIP) aparecerían en el Registro de Proveedores del Estado, que maneja la Subsecretaría de la Gestión Pública de Jefatura de Gabinete. La Cámara de Diputados bonaerense sería apenas un granito de arena en un inmenso mar.