Los profesionales que toman conocimiento de casos de violencia o abuso sexual contra chicos tienen la obligación de denunciarlos a la Justicia, según la mayoría de las legislaciones provinciales vigentes. El proyecto del Gobierno prevé la obligación de denunciar cuando la víctima adulta –por cualquier motivo– estuviese “imposibilitada física y/o psicológicamente” de requerir por sí el auxilio legal, como un anciano, o cuando no puedan comprender el alcance de sus actos, como en el caso de personas con discapacidad mental. Aquellos obligados a denunciar tendrán –de acuerdo con el proyecto de ley– inmunidad civil y penal. “Este punto se incorporó para proteger a los equipos de profesionales que trabajan en violencia infantil de juicios por daños y perjuicios. Ahora ellos tienen que demostrar que actuaron de buena fe. Nuestro proyecto plantea que quien los denuncie deba probar que lo hicieron de mala fe”, explicó Silvio Lamberti, asesor del Programa Las Víctimas contra las Violencias, que coordina Eva Giberti. En los últimos años, peritos que han actuado de parte de las víctimas en juicios de abuso sexual infantil han sido denunciados luego por el imputado en los casos en los que no se ha llegado a condena. Se sabe que suele ser un delito difícil de probar. Esta avalancha de denuncias contra peritos ha causado que muchos decidan no trabajar más en la temática.