Se trata de Rubén Darío Romano quien, de acuerdo a constancias del sumario penal, habría dicho que Ocaña le arruinaba todos los negocios y que, como la funcionaria le estaba saliendo muy cara, le resultaría más barato mandarla a matar.

La decisión, que ratificó lo decidido en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas, incluido un embargo de 10.000 pesos sobre los bienes de Romano, la tomó la Sala II del tribunal, con la firma de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun.

El hecho que se le atribuyó al gerenciador de contratos del PAMI está contemplado en el artículo 149 del Código Penal, que prevé hasta 10 años de cárcel para quien hiciere uso de amenazas para obtener alguna medida o concesión por parte de cualquiera de los miembros de los poderes públicos.

La causa se inició el 7 de abril de 2005, cuando Ocaña denunció ante el entonces fiscal federal Carlos Stornelli que Romano, en una reunión de prestadores "habría dicho que le estoy saliendo muy cara, que hacerme desaparecer le saldría más barato".

La funcionaria relacionó esas expresiones y otras amenazas a sus colaboradores en el PAMI a los "cambios" que implementó en el sistema de prestaciones a la obra social de los jubilados.

Un asesor de Ocaña, Luciano Di Césare contó que en un ascensor del edificio de Perú 169 de esta capital -donde funciona el PAMI- un desconocido, tras cerciorarse de su vinculación con la querellante, le manifestó: "decile que se cuide, que Romano anda diciendo que le resulta más barato mandarla a matar".

Un primer procesamiento dictado por Rafecas fue revocado con una "falta de mérito" por parte del tribunal de segunda instancia, que mandó profundizar la pesquisa.

Con más elementos de prueba, entre ellos careos y nuevas declaraciones testimoniales, como "Romano la había amenazado porque le estaba cagando los negocios" y que las supuestas intimidaciones se debían a la decisión de Ocaña de eliminar la "intermediación parasitaria", Rafecas dictó el procesamiento.

Para ordenar la medida, sin prisión preventiva, el juez consideró probado que hubo amenazas y que las mismas tenían la finalidad de alarmar o amedrentar a la funcionaria.

El nuevo procesamiento también fue apelado por el defensor de Romano, el abogado Fernando Castejón, pero la Sala II de la Cámara rechazó el recurso.

Para el tribunal existe un "cuadro probatorio que respalda la decisión del magistrado instructor de procesar a Romano". Cattani e Irurzun agregaron que la responsabilidad penal del procesado "puede considerarse comprobada" con las "manifestaciones amenazantes dirigidas mediante interpósita persona" a Ocaña.

"Las medidas ordenadas luego de la anterior intervención de esta Sala en la causa han reunido diversos indicios que, valorados en conjunto con el plexo probatorio ya existente permiten, a esta altura, afirmar que la amenaza habría existido y que puede ser atribuida a Romano".