"Hoy por hoy, la única forma de ser sometido a un enjuiciamiento con motivo de una acusación que atribuye la comisión de un delito, en virtud de las normas constitucionales y convencionales internacionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, es por un juicio que se realice mediante una audiencia oral y pública", concluyeron los magistrados.

Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi insistieron en que "la responsabilidad de los jueces sólo puede hacerse efectiva cuando sus actos son públicos, es decir, cuando los ciudadanos pueden asistir al debate y a la lectura de la sentencia".

Los magistrados rechazaron el pedido que había efectuado Horacio Conesa Mones Ruiz, según el cual por la Ley 24.12, que era aplicable al tiempo de los hechos que se investigan en la causa, los imputados podían optar por el proceso escrito.

El letrado había concretado el planteo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, al que a fines de 2007 Daniel Bejas, a cargo del juzgado federal, elevó la primera causa a juicio contra los militares retirados por violaciones a los derechos humanos.

Según la defensa, la ley que estableció los Tribunales Orales en 1992, permitía -para los procesos en trámite o relacionados con hechos anteriores a ese fecha- escoger por el sistema escrito.

No obstante, como consecuencia de la resolución, ahora sólo resta que, luego de que las partes ofrezcan prueba y que revisen la documentación de la causa, se fije fecha para la celebración de las audiencias.

A fines de febrero, llegó al tribunal el expediente en el que Bejas dio por concluida la etapa de instrucción y dispuso el auto de elevación a juicio oral de la causa en la que Bussi y Menéndez están con orden de prisión preventiva por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse (PJ), ocurrida en marzo de 1976.

En la primera elevación a juicio oral por lo sucedido durante la dictadura, Bejas imputó a ambos ex militares los cargos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de lesa humanidad.

Sobre los dos militares retirados pesa una decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, cuando Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.