Asimismo, dos guardiacárceles fueron procesados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo agravado", por las 14 muertes, y les trabó un embargo de 50.000 pesos a cada uno.

Loas procesados por el juez de Instrucción en lo Penal de la 5 Nominación, Darío Sánchez, son el ex director Oscar Daniel Mansilla; el ex subdirector, Carlos Daniel Monti y los guardiacárceles Oscar Yosviak y Eduardo Daniel Marchesin.

El sangriento motín del 11 de abril de 2005, en el que 14 presos fueron brutalmente asesinados y otros tantos resultaron heridos por sus compañeros de prisión, se registró en el Instituto de Detención U1 de la ciudad de Coronda, a 45 kilómetros al sur de la capital santafesina.

La resolución firmada por el juez Sánchez pone fin a una ardua investigación en la que se buscó "la presunta responsabilidad penal de los funcionarios penitenciarios, que tuvieron algún tipo de participación en el desgraciado suceso", expresó el magistrado.

La causa, que se inició con denuncias de los sobrevivientes de la masacre, tuvo 17 imputados, cuatro de los cuales fueron procesados, 11 recibieron la falta de mérito y otros dos quedaron sobreseídos.

Los guardiacárceles quedaron procesados por no atenerse a los reglamentos internos del servicio, ya que al momento de producirse el motín, el celador Yosviak "abandonó su puesto de guardia en la planta alta del pabellón 7", a poco de que terminara el recreo.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió que tenía necesidad de ir al baño y que había sido autorizado por Marchesin.

El juez llegó a la conclusión de que si bien actuaron de manera contraria a los reglamentos, y por eso fueron atrapados como rehenes, no hubo "connivencia alguna con los amotinados".

En cuanto a la situación de Mansilla y Monti, el juez las evaluó de manera conjunta "debido a la similar obligación funcional que les competía como director y subdirector del establecimiento carcelario".

En ese sentido, fue fundamental el testimonio del jefe del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, cuyo personal "se había posicionado en situación ventajosa, ya sea para disuadir a los internos o eventualmente para actuar directamente en la represión", y sin embargo se les ordenó el repliegue.

"Sin duda Monti fue negligente en la toma de su decisión", aseguró el juez; en cambio, de Mansilla dijo que "no adoptó ninguna medida de seguridad para impedir el ingreso de los amotinados al pabellón 1, cuando era su obligación hacerlo".