Sólo la ex funcionaria porteña Ana María Fernández aceptó someterse a la indagatoria, pero la postergó "para la próxima sesión" porque dijo que carecía de documentación que necesitaba para formular su exposición.

Anteriormente, el tribunal oral que lleva adelante el juicio por Cromañón ratificó que los familiares de las 194 víctimas mortales y los más de mil heridos en la tragedia de la discoteca sean querellantes de dos policías sospechados de haber cobrado coimas para permitir que a la discoteca ingresara más cantidad de personas que las que estaban permitidas.

Los jueces Marcelo Alvero, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza resolvieron rechazar por "extemporáneo" el planteo de los abogados del ex comisario Miguel Angel Belay, quien sostenía que el supuesto cobro de coimas no tenía relación con las muertes del 30 de diciembre de 2004.

La defensa del ex comisario Belay planteó, durante la primera etapa de la audiencia, la segunda desde el inicio del juicio, que los familiares de las víctimas carecían de "legitimidad activa" para ser "querellantes" en su contra.

Según el Código Procesal, la calidad de querellante la tienen las víctimas o, en caso de muerte, sus familiares, pero los abogados de Belay, Julio Pecorelli y Marcelo Orlando, sostienen que el delito que se le imputa al ex comisario, cohecho pasivo, "no guarda relación con las muertes".

Según esa tesitura, en el caso de que se comprobara que existió cohecho (Omar Chabán y Callejeros están acusados de haberlos pagado) habría sido mucho antes del 30 de diciembre de 2004, cuando ocurrió la tragedia.

Los abogados de Belay resaltaron, incluso, que para esa fecha el comisario hacía 40 días que no cumplía funciones en la Seccional Séptima, que tiene jurisdicción sobre el barrio porteño de Once, donde estaba emplazada la discoteca.

Las querellas rechazaron el planteo argumentando que el pago de los supuestos sobornos tenía por finalidad permitir que a Cromañón ingresara una cantidad largamente mayor de personas que las que estaban autorizadas por la habilitación, de modo tal que si esa irregularidad no hubiera ocurrido, probablemente tampoco la tragedia.

El tribunal, sin avanzar sobre el planteo de fondo, entendió que el planteo de la defensa de Belay había sido formulado en un momento procesal en el que se habían vencido los plazos para hacerlo y, en consecuencia, lo rechazó.

Así, las cuatro querellas podrán seguir en el rol de acusadores contra Belay y contra el otro policía acusado por presunto cohecho pasivo, Carlos Díaz.

La mañana de la segunda audiencia fue insumida por el planteo de "cuestiones preliminares", entre los cuales sobresalió el del abogado de Chabán, Pedro D'Attoli, quien se quejó de una supuesta "desigualdad procesal" pues debe responder a la fiscalía y a cuatro querellas.

Una de las abogadas querellantes, Susana Rico, replicó que "si existen cuatro querellas es porque el número de muertos y heridos graves y gravísimos es altísimo".

Las partes también aceptaron que sea incorporada "por lectura" la declaración de una testigo que murió a principios de mes en confusas circunstancias en el Hospital Fernández.

Se trata de la testigo Ana Sandoval, de 36 años de edad, quien estaba convocada como testigo de cargo especialmente en el presunto cohecho que, según la acusación, Chabán y de Callejeros habrían pagado a oficiales de la Policía Federal.

Las causas de la muerte de Sandoval están siendo investigadas en otra causa penal que tramita ante los tribunales penales de instrucción.