La medida -contenida en una resolución de 35 carillas- alcanzó a Jesús D'Alessandro, cuyos bienes fueron embargados en 2.500.000 pesos; Víctor Julio Bestiani, con embargo de 1.500.000 pesos; Julio Alberto Dentone, 500.000 pesos; Alfonso Millán, 500.000 pesos; y Horacio Ernesto Pericoli, 2.000.000 de pesos; entre otros.

La nómina de procesados por el juez Torres incluye, además, a César Manuel Ochoa, con embargo de 500.000 pesos; Juan Bautista Rigal, 1.500.000 pesos; Alberto Spagnolo, 500.000 pesos; Felipe Murolo, 2.500.000 de pesos; Miguel Angel Crotto, 1.500.000 pesos; Abraham Chocler, 1.000.000 de pesos y Roberto Aníbal Doménech, 1.000.000 de pesos.

La causa se inició como desprendimiento del expediente por la quiebra de Gatic que tramitó el juzgado en lo comercial siete, donde se pedía que se investigue si cometieron delito "los directivos del Banco Nación Argentina al otorgarle a la fallida distintos créditos por montos exorbitantes sin la previa verificación de los requisitos legales establecidos para ello".

Así el magistrado -con la intervención del secretario Diego Slupski- recordó que en octubre de 1995 se le otorgaron a Gatic créditos por 1.500.000 dólares; otros 5.300.000 de la misma moneda en noviembre de ese año; 4.500.000 de dólares en junio de 1996; 1.136.767,29 en noviembre de 1995, alrededor de 800.000 en febrero de 1996, entre otras partidas.

En su resolución, Torres tuvo por acreditado que los ex directivos del Nación "bajo ninguna circunstancia" pudieron ignorar que los créditos otorgados a Gatic "resultaban ser excesivos conforme a la normativa legal vigente", motivo por el cual dictó sus procesamientos y cuantiosos embargos.

El juez les imputó a los ex funcionarios la figura prevista y reprimida en el inciso séptimo del artículo 173 del Código Penal, que alude a la "administración fraudulenta" y se encuentra dentro del capítulo IV titulado "estafas y otras defraudaciones".

Esa norma castiga con prisión de hasta seis años a quien "por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos".

Los miembros del Directorio del BNA "eran quienes tenían a su cargo la administración de bienes de dicha entidad y fue en ejercicio de esa función como autorizaron el otorgamiento de préstamos que no resultaron acordes a la situación económico financiera de la fallida Gatic", explicó el juez.

"Indefectiblemente (los procesados) tenían acabado conocimiento de que los créditos otorgados mediante las resoluciones en cuestión, firmadas y aprobadas por el Directorio, resultaron ser por un monto excesivo conforme a las garantías ofrecidas y la normativa vigente en aquél momento; lo cual, sin duda alguna, terminaría causando un perjuicio económico a un organismo público", detalló Torres.

Finalmente, el juez tuvo en cuenta que "las constancias aunadas" en el expediente le permiten suponer que "ninguno de los imputados intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la propia investigación", motivo por el cual dispuso que sus procesamientos fuesen "sin prisión preventiva".