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Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que la Sala Segunda de la Cámara, con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Gustavo Mitchell y Luis García, revocó una decisión de la Cámara Federal cordobesa que anulaba la indagatoria contra Menem.

El fallo implica no sólo que Menem vuelve a estar procesado por la voladura de la fábrica militar sino también que se interrumpen los plazos para que la causa prescribiera en relación con el ex presidente.

El año pasado, el juez federal subrogante de Río Cuarto Oscar Valentinuzzi dictó el procesamiento de Menem, pero los abogados del ex presidente apelaron el llamado a indagatoria porque consideraron que había sido producido "sin requerimiento fiscal", lo que afectaba "el debido proceso y la garantía de defensa en juicio".

La Cámara Federal cordobesa hizo lugar al planteo, declaró la nulidad del llamado a indagatoria (el paso previo e imprescindible para el procesamiento) y retrotrajo la situación a octubre de 2007.

De tal forma, la causa, en lo que a Menem se refiere, quedaba prescripta a partir del 3 de noviembre de 2007 y el ex mandatario, a salvo de cualquier imputación penal.

Pero la Cámara de Casación, con la misma integración que a fines del año pasado concedió primero y suspendió después las excarcelaciones a los ex represores Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, anuló la anulación -valga el juego de palabras- y le ordenó a la Cámara Federal de Córdoba que dicte un nuevo fallo.

Ello implica que el llamado a indagatoria será válido, y en consecuencia Menem volverá a estar procesado, pero ahora le queda la posibilidad de apelar el fondo de la cuestión, esto es los fundamentos del juez Valentinuzzi para dictarle el procesamiento.

En un fallo de 26 páginas, los jueces de Casación dijeron que Menem y otro consorte de causa, Heriberto Baeza González, "resultaban pasibles de investigación" pues aparecían tácitamente mencionados en un requerimiento fiscal que admitía la "posible responsabilidad que también pudiera caber a otros funcionarios, aún del Poder Ejecutivo Nacional, tanto en sus estratos superiores como de inferior jerarquía".

"Sólo un excesivo rigor formal, sancionado con nulidad de acuerdo a la doctrina sobre arbitrariedad sostenida por la Corte Suprema de Justicia, puede permitir la interpretación realizada por el tribunal de mérito, en el sentido de que no existió acusación", resume el fallo de Casación.