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La propuesta inicial del gobierno, que pretendía sumar apoyos en la derecha, proponía que las empresas pudieran rescindir los contratos no solo cuando tuvieran pérdidas, sino cuando cayeran sus ganancias o tuvieran "falta persistente" de liquidez. A última hora, los socialistas consiguieron pactar con los nacionalistas vascos éste controvertido punto de la reforma, que fue aprobada en junio por decreto y convalidada por el Congreso y que ahora se tramita como proyecto de ley en busca de mayor consenso.

El texto aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso fue avalado solo con los votos de los socialistas y gracias a la abstención de nacionalistas vascos y catalanes. Se opusieron, por diferentes causas, el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, y agrupaciones de izquierda.

Durante el debate, el portavoz del PP, José Ignacio Echániz, aseguró que la reforma está "huérfana de respaldo político y social, y al final no contenta a nadie". Por su parte, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, afirmó que la reforma "abarata el despido hasta que financia en un ejercicio de malversación de fondos públicos el despido improcedente". "No se trata de una poda para que el árbol crezca más fuerte. Esta reforma es una tala del débil árbol de los derechos de los trabajadores, que se convierte día en día en un bonsai", añadió, al justificar su voto en contra.

A su turno, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Joan Tardá, sostuvo que España será a Europa lo que México es para Estados Unidos, es decir, "una maquila de mano de obra barata contra los derechos de los trabajadores". Tardá criticó que los socialistas hayan ido "hacia el abaratamiento del despido objetivo de 20 días". La reforma laboral del gobierno español facilita y abarata el despido ya que generaliza la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, en lugar de los 45 que se cobraban hasta ahora.

Además, las empresas podrán despedir con 20 días de indemnización en caso de tener una "situación económica negativa", lo que se concreta en "pérdidas actuales o futuras o disminución de ingresos que pongan en peligro la viabilidad de la empresa".

Por otro lado, se incrementa de dos a tres años la duración máxima de los contratos temporales por obra o servicio, y las empresas de trabajo temporal (ETT) podrán actuar en la colocación de desocupados en el sector de la Administración Pública.

El proyecto pasa ahora al Senado, donde está previsto que se vote el mes próximo. Si no se introducen modificaciones, la ley entrará en vigor inmediatamente; en caso contrario, el texto volverá al Parlamento para su aprobación definitiva. A pesar de las modificaciones introducidas, los sindicatos reafirmaron la convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre contra la que consideran la reforma laboral "más regresiva de la historia de la democracia".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió al gobierno "que abandone toda esperanza de que la gente entienda la reforma laboral como la reforma del empleo porque todo el mundo la va a entender como la reforma del despido". Por su parte, Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, señaló que el gobierno "se está haciendo el haraquiri en lo social y probablemente en lo político", ya que "es posible ver la su soledad" en el Congreso. "Haría bien en corregir el rumbo de las cosas", ya que las medidas que está tomando "van a retrasar la salida de la crisis", apuntó.