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La demanda fue presentada por Mariana Vargas, abogada de la organización social, quien argumentó que "la responsabilidad del magistrado es muy grande en las muertes que sucedieron y también por los heridos".

Samman, de los Tribunales de San Pedro de Jujuy, ordenó el 28 de julio que la policía desaloje familias pertenecientes a la CCC que ocupaban un predio en Libertador General San Martín, 106 kilómetros al este de la capital. Durante esos hechos murieron tres manifestantes y un policía, a la vez que unas 70 personas resultaron heridas y hubo una veintena de detenidos.

Antes de ser nombrado juez, Samann fue diputado provincial por la UCR y concejal de ese partido, por lo que su accionar en torno de la protesta generó sospechas de intencionalidad política.

La abogada presentó entre los fundamentos de su pedido las declaraciones públicas del gobernador Walter Barrionuevo y el titular del bloque de diputados provinciales oficialistas, Rubén Rivarola, que cuestionaron la actuación del magistrado.

Además, Vargas consideró que Samman "mínimamente debía investigar cómo era la ocupación del predio, si había una comunidad originaria en el lugar porque hay leyes nacionales de orden público que prohíben los desalojos cuando una comunidad originaria ocupa un terreno hasta noviembre de 2013".

"Esto era un conflicto social y se tendría que haber interesado e investigado", sostuvo la abogada.