La Ley fue impuesta tras el asesinato del antiguo presidente egipcio, Anuar al Sadat, durante un desfile militar con ocasión de un nuevo aniversario de la guerra árabe-israelí de 1973. La norma permite a la policía detener personas durante meses sin presentar cargos, anulando así derechos personales, civiles y políticos como el derecho a la huelga, a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido o a celebrar actos políticos. La justificación por parte del régimen de Mubarak ha sido el terrorismo de inspiración islámica, como el que sufrió Egipto en los años noventa y que resurgió en 2004 y 2005 en dos atentados en Sharm el Sheij y El Cairo.

En un informe titulado "Tiempo para la justicia: el corrosivo sistema egipcio de detenciones", Amnistía Internacional había instado a Egipto a revocar la legislación. Asimismo, Hegary destacó que desde la asunción del Ejecutivo no se ha avanzado "ni un paso" sobre el estado de emergencia, sólo se han aferrado a la soberanía de la ley y la justicia natural, además de haber liberado a todos los presos políticos.