La legisdora por el Frente para la Victoria (FpV) indicó que las condiciones extra que ordena la resolución porteña son "una carga desproporcionada que constituye un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego". En ese sentido, la extitular del INADI explicó que "la resolución también establece que se debe constituir un equipo interdisciplinario para cada caso concreto".

Al respecto, la diputada porteña advirtió que la Justicia expresa que "estas cargas en los casos de mujeres violadas se traducen en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo y que constituye un acto de violencia institucional en los términos de la ley nacional de violencia de género N° 26.485".

Por otra parte, la legisladora remarcó que "tanto el Código Penal como el fallo de la CSJN establecen claramente que no puede obligarse a las víctimas de violación a efectuar denuncias penales para acceder a la práctica del aborto no punible, bastando una declaración jurada".

En cuanto a la condición, establecida por el protocolo de la cartera de Salud de la Ciudad, de que las personas menores de 18 años de edad deberán contar con el consentimiento de su representante legal, Rachid recordó que el proyecto consensuado por la oposición, que mañana continuará en debate de comisión en la Laegislatura, lo requiere con relación a las personas menores de 14 años, respetando la capacidad progresiva de los niños y adolescentes.