La Agencia Rodolfo Walsh denunció que "Américo Alejandro Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal, ingresó en 2002 -bajo el gobierno de Duhalde- y se mantuvo espiando sus integrantes hasta hace pocos días". Detalló que "fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa del movimiento popular". Afirmaron que se trata de una "sistemática política represiva" y acusaron al Gobierno nacional.

La respuesta desde el Gobierno fue el pase a disponibilidad de Balbuena y la apertura de un sumario administrativo. A partir de la denuncia, el viernes pasado la ministra Garré requirió un informe urgente al jefe de la Policía Federal sobre las tareas que desempeñaba el agente y sobre otros efectivos del área de reunión de información. Buscará esclarecer si las tareas que realizaba están comprendidas o no dentro de las funciones asignadas a la fuerza por la ley de Inteligencia.

"Desde el ejercicio de la actividad periodística, Balbuena estableció vínculos de confianza, y hasta amistad, con cientos de luchadores y luchadoras del campo popular con fines de socavar a las organizaciones", informó la Agencia Walsh (AW), y adelantó que brindarán una conferencia de prensa el próximo martes 7 de mayo a las 15 en el local de la CORREPI (Carlos Calvo 2499).

Precisaron que "como jefe de la sección Reunión-División Análisis, quedaron bajo el accionar de Balbuena, familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la Masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. También organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires, La Alameda, Quebracho, Trabajadores del Subte, entre muchas otras". La AW acusó al Gobierno nacional por el "ataque a las organizaciones populares" y vincularon la denuncia con la Ley Antiterrorista y el llamado "Proyecto X", por el que se acusa a la Gendarmería de infiltrarse en cortes de calles para identificar manifestantes y armar una base de datos.