Viernes, 16 de agosto de 2013 | Hoy
14:13 › SAN LUIS
A pesar que hay una orden de desalojo pacífico, un grupo de 50 encapuchados, entre los que hay policías exonerados, mantiene por tercer día consecutivo ocupado el edificio sede de la fuerza en reclamo de la reincorporación de 51 efectivos separados y aumentos salariales. El gobierno de Claudio Poggi reiteró que no dará marcha atrás con las sanciones.
El ministro de Seguridad de la provincia, Martín Olivero, ratificó la sanción contra los policías que la semana pasada iniciaron una protesta en Villa Mercedes, donde tomaron durante dos días la sede de la Unidad Regional II. A raíz de estas determinaciones, se decidió tomar el edificio de la fuerza, lo que derivó en la inmediata renuncia del jefe de Policía, Miguel Ubieta, a quien reemplazó su segundo, Oscar Papagno.
Esta mañana, el asesor letrado de los uniformados, Alejandro Miranda, que también formó parte años atrás de la plana mayor de la policía, dijo que si él era un obstáculo para destrabar el conflicto, daría "un paso al costado". Sin embargo, advirtió que llamaría a una conferencia de prensa para dar a conocer la razón por la que "para el gobierno" provincial es "el enemigo público número uno".
Anoche, en declaraciones al canal 13 local, el ministro Olivero aseguró que no negociará con el "minúsculo" grupo de personas que protesta. "El gobierno nunca va a negociar con este pequeño grupo que ha tomado con violencia el edificio policial y quienes atentan contra las instituciones de la República y de la democracia", afirmó.
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