La Corte Suprema sostuvo que Otilio Romano, quien se encuentra preso en una cárcel de Mendoza, tras ser extraditado en septiembre del año pasado desde Chile, "fue imputado por cargos definidos en base a una conducta descripta con precisión, tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa mediante descargo, recusaciones y ofrecimiento de prueba".

El Jury, que lo destituyó "en ausencia", concluyó que "cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes", Romano "desdeñaba reiteradamente" los reclamos y denuncias de víctimas, y que el exmagistrado federal "no propuso ninguna medida de investigación o de trámite respecto de denuncias de secuestro o de desaparición de personas (...) y omitió la investigación de delitos de torturas, apremios ilegales y violaciones", entre 1975 y 1983.

La defensa del ahora procesado argumentó que Romano debió ser juzgado por el tribunal que revisa la actuación de los fiscales, pero la Corte evaluó que de tal manera se violaría el principio constitucional del "juez natural".

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt (ambos con fundamentos propios), Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi calificaron de "insuficientes" los argumentos del exprófugo, quien adujo que fue juez en 1994 con acuerdo del Senado de la Nación, según la Corte mientras "se desconocía las conductas" que luego determinaron que fuera considerado "partícipe necesario en delitos de lesa humanidad".