Viernes, 5 de agosto de 2016 | Hoy
15:06 › OPINIÒN
Por Irina Hauser
El otro día mi hija de 11 años me preguntó por qué a Cristina Fernández de Kirchner la quieren meter presa. Ella misma, enseguida, arriesgó ante su propio acertijo: “¡No quieren que vuelva a ser presidenta!”. Los chicos tienen una capacidad de síntesis y de ver la esencia de las cosas de la que a menudo carecemos los adultos. Damos vueltas, razonamos, especulamos. Cuando Hebe de Bonafini se plantó ayer y dijo que no, que no pensaba presentarse a la indagatoria en el caso “Sueños Compartidos”, muchos nos enredamos en el dilema: ¿No le convendría ir y decirle de todo al juez? O que presente un escrito ¿Se victimiza? ¿Hace un show? Pero, a ver, ¿Qué necesidad tenía el juez de citarla como sospechosa? ¿Sospechosa de qué? ¿De lo que la acusa Sergio Schoklender, el principal acusado? ¿Y si el Gobierno quiere que la detengan para luego pedir que la liberen y después pedir también libertad a los represores?
Podríamos seguir y polemizar. Querer a Hebe y cuestionarla. Pero podemos parar un instante, rescatar la mirada despojada de los niños y la capacidad de hablar sin rodeos de Hebe, para advertir que el enorme valor de su resistencia no es sólo haberse plantado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi sino ante todo Comodoro Py. Hebe de Bonafini le dijo “no” a todo un sistema, el de los tribunales federales, el que hace como si impartiera justicia, cuando buena parte de lo que emana en estos últimos tiempos de sus despachos son impresionantes maniobras políticas y hasta salvajadas de violencia machista como que un camarista de Casación mande a detener a una secretaria. La justicia federal protagoniza una catarata de tropelías que pasan como si nada, o como un espectáculo que corre el foco del desastre económico en alza. Allanamientos, pericias, indagatorias a ex funcionarios kirchneristas, extradición de narcos, inspecciones, todo para tirar al techo (manteca no hay).
“Cuando hay un juez probo, uno tiene que ir (y presentarse), pero cuando son todos estos, uno no los puede respetar”, resumió Bonafini. Porque ella sabe de jueces, y se lo explicó a Martínez de Giorgi en la carta que le envió en lugar de su presencia. Sabe porque hizo 168 presentaciones por su hijo Jorge, cuando lo secuestraron durante la última dictadura, luego por su hijo Raúl, después por su nuera; porque molieron a palos a su hija Alejandra en 2001. “Vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia (…) siempre la misma ignominia, la indiferencia”. La justicia “cómplice de los asesinos”, la que –dice– no conoce el sentido de la “solidaridad”.
Hebe, además, es “Hebe”, y es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, con sus rondas incansables de los jueves, sus apelaciones a las masas y su bravura. Y es por eso que le puede hacer frente a “Comodoro Py” y poner en primer plano la desproporción de la hiperactividad judicial que presenciamos, anestesiados o absortos: excavadoras para buscar dinero de Lázaro Báez; la detención misma del empresario ante los medios al aterrizar; la exaltación de los “arrepentidos” como Leonardo Fariña o el decepcionante narco Ibar Pérez Corradi que pactó con el Gobierno y ahora no dice nada; las imágenes pilas de fajos de dólares en la caja de seguridad de Florencia Kirchner; la falsa reunión del juez Sebastián Casanello con Cristina y Báez. Ahora, los intentos de resucitar la denuncia de Alberto Nisman contra CFK por AMIA (ya desechada por tres tribunales) de la mano del juez Claudio Bonadío, el mismo que multiplica expedientes contra la ex presidenta: después de procesarla por el dólar futuro, se vino la causa Los Sauces, igual a otra de la que fue desplazado, Hotesur, a cargo de Julián Ercolini. El contraste es alto con el bajo protagonismo de los Panama Papers, los 18 millones de dólares de Mauricio Macri en Bahamas y el recuerdo de que al ex secretario del tesoro de Estados Unidos, David Mulford, que tuvo pedido de captura de Martínez de Giorgi por el megacanje, fue sobreseído por prescripción.
Detrás de los jueces, hay una Cámara Federal, cuya sala II, manda, con Martín Irurzun al timón. Irurzun, el juez a quien el supremo Ricardo Lorenzetti puso a cargo de las escuchas. Lorenzetti, que respalda el show y que se junta con Macri mientras trata el aumento del gas, donde el Gobierno es parte.
La causa de Sueños Compartidos se despabiló cuando detuvieron a José López, el ex secretario de Obras Públicas, con los millones de dólares en el convento. Porque él asignaba fondos para las viviendas sociales. Ente las 43 indagatorias, Hebe cayó en la volteada, aunque quien la acusa –Sergio Schoklender– sea el principal acusado, en quien alguna vez confió, y la Asociación de las Madres sea querellante. De paso, le tocará a Julio De Vido, otro multi-investigado.
Es común la pregunta de si los jueces reciben órdenes del Gobierno, al ser tan funcionales. Los jueces “leen” mensajes y no necesitan que les digan nada porque conocen las reglas tácitas para su supervivencia en el sistema político que tantos beneficios les da. Van y vienen, miden tiempos, calculan, y ni las empresas y grandes bancos forman parte de su universo de imputados, ni los cómplices civiles del terrorismo de estado. Hasta empiezan a mostrar gestos regresivos como liberar represores anulando su condena, como hizo Casación.
Hebe tiene pedido de captura, fue declarada en rebeldía y le prohibieron salir del país. Pero dijo que se sentía “feliz”, porque con su resistencia cambió el ángulo desde donde mirar. Mostró la cara más grotesca del espectáculo de Comodoro Py.
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