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El dictador Omar Domingo Rubens Graffigna fue condenado a 25 años de prisión. Miembro de la segunda junta militar de la última dictadura junto a Roberto Viola y Armando Lambruschini, el ex jefe de la Fuerza Aérea nunca antes había sido considerado culpable de violaciones a los derechos humanos, ya que fue absuelto en el juicio a las Juntas, el único proceso en el que estuvo involucrado en todos estos años, con excepción del pedido de extradición a España de Batlasar Garzón. Ayer, el Tribunal Oral 5 de San Martín firmó la primera sentencia en su contra. Fue por los secuestros de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Por el mismo hecho también recibió 25 años el represor Luis Tomás Trillo, quien estuvo a cargo de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA). A Francisco Gómez, apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de la pareja que aún sigue desaparecida, le dieron 12.

Apenas pasados diez minutos de las dos de la tarde, el juez Alfredo Ruiz Paz se puso los lentes, acomodó el micrófono y anunció que iba a leer el veredicto. La sala estaba llena y en silencio. Poco antes, el mismo juez había advertido que no iba a tolerar manifestaciones de ningún tipo, “ni a favor ni en contra”. Lo dijo como un maestro severo y todos hicieron caso.

El juez apretaba un clip en la mano derecha, señal de que los nervios también complican a los magistrados en momentos importantes. Lo mismo hacía la jueza María Claudia Morguese, pero con el capuchón de una bic. El tercer integrante del tribunal, Marcelo Díaz Cabral, escuchaba con la vista baja.

“El tribunal resuelve –dijo Ruíz Paz y tomó un vaso de agua, como para alargar el suspenso un momento más– condenar a Omar Rubens Graffigna a 25 años de prisión como coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas”. Luego repitió la misma frase con relación a Trillo y anunció los 12 para Gómez, a quien los jueces consideraron partícipe secundario de los secuestros de Patricia y José. La sala seguía callada. Todos los presentes estaban casi inmóviles. Desde el fondo, solo se percibía el leve movimiento de la espalda de Rosa Roisinblit, sentada en la segunda fila. La mamá de Patricia, de 97 años y una polenta que le envidian los que nacieron más de medio siglo después que ella, lloraba en silencio. “Esperé 38 años, puedo esperar unas horas más”, había dicho por la mañana, cuando el tribunal decidió hacer un cuatro intermedio luego de escuchar las últimas palabras de los acusados. Sólo había querido hablar Graffigna. “Mi de- sempeño fue profesional”, dijo. Y luego soltó una serie de inesperadas frases sobre el papel de la Fuerza Aérea en la guerra de Malvinas: una “actitud de excelencia”, dijo. No estaba claro para qué auditorio hablaba. De nariz aguileña y encorvado, Graffigna casi se hundía dentro de su sobretodo beige. Por la tarde, en el momento de la sentencia, no fue posible saber qué emociones podían percibirse en los cuerpos de los condenados: cuatro grandotes del Servicio Penitenciario Federal con uniformes azules, chalecos y escudos los tapaban.

Los secuestros

José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit desaparecieron el 6 de octubre de 1978. El fue secuestrado en Martínez, en un local donde vendía artículos de cotillón y juguetería. El mismo grupo de tareas irrumpió en el departamento en el que vivía la familia en Palermo y se llevó a su mujer, que estaba embarazada de ocho meses, y a la hija de ambos, Mariana Pérez, que tenía quince meses y que luego de unas horas fue dejada con familiares paternos. Patricia parió en la ESMA y su hijo, Guillermo, fue localizado en 2000. Pero antes de llegar al centro clandestino emblemático de la Armada estuvo secuestrada, junto con José, en una casa de la Fuerza Aérea en Morón: la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA).

Patricia les contó a sus compañeras de la ESMA que venía de una lugar de la zona oeste, contaba detalles de lo que había alcanzado a ver, decía que allí había quedado su marido. Las sobrevivientes de ese centro clandestino, a su vez, transmitieron ese testimonio durante años. El lugar era una incógnita. Pero cuando apareció Guillermo el círculo comenzó a cerrarse. Gómez, quien lo había anotado como su hijo, era un agente civil de inteligencia de la Fuerza Aérea y había “trabajado” en la RIBA. Incluso había llevado al niño “de visita” al lugar en varias oportunidades. Gómez y su esposa, Teodora Jofré, ya fueron condenados por la apropiación de Guillermo. Con la información que surgió durante esa investigación, Mariana Pérez decidió impulsar una causa por la desaparición de sus padres e indagar qué había ocurrido en aquella casa de Morón que era desconocida en los expedientes sobre crímenes de lesa humanidad. En esa causa el juez federal Daniel Rafecas arrestó a Trillo, que estuvo a cargo de la RIBA y a Graffigna, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea al momento de los hechos y luego integrante de la segunda junta militar de gobierno que en 2013 seguía en libertad.

Además de las condenas, el tribunal hizo lugar a muchos pedidos de las querellas, como la necesidad de conservar la RIBA como sitio de memoria. También ordenó que se investigue la privación ilegal de la libertad de Mariana Pérez –a quien el grupo de tareas que secuestró a sus padres tuvo en su poder hasta entregarla a su familia paterna– y las de los testigos que durante el juicio relataron haber estado en la RIBA. Dispusieron además que se indague sobre la responsabilidad de Trillo y Graffigna en la apropiación de Guillermo.

Cuando el juez terminó de hablar y los todos los integrantes del tribunal se retiraron, ahí sí se escucharon los aplausos y luego el “Presentes”, mientras muchos se abrazaban y lloraban y sonreían a la vez.

Balances

“Nosotros pedimos que las condenas fueran por desaparición forzada y no por privación ilegítima de la libertad. Nuestros padres están desaparecidos, no sabemos dónde están y no tuvimos respuesta sobre eso en el juicio. Pero al menos tres de los responsables fueron juzgados”, dijo Mariana en la puerta del tribunal al término de la audiencia. Porque el fallo fue bueno, pero también siempre se pude y se debe exigir más. Ella y su hermano se quedaron con sabor a poco por los doce años para Gómez, quien, saben, tiene información sobre el destino de sus padres y datos que podrían ayudar a encontrar a otros nietos. “Al menos se probó que no fue un cafetero”, dijo Guillermo en alusión al argumento de su apropiador para deslindarse de los crímenes.

Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo junto a Carolina Villella, dijo estar conforme con el fallo, sobre todo con la condena impuesta a Graffigna y Trillo, más allá de que el tribunal haya entendido que Gómez fue un partícipe secundario de los hechos. “Rompe con la impunidad para Graffigna, es la reparación de una de las más grandes injusticias del juicio a las Juntas”, señaló Pablo Llonto, abogado de Mariana Pérez.

Un montón de amigos y nietos recuperados fueron a escuchar la sentencia. El diputado Leonardo Grosso y el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano también estuvieron, así como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón y el representante de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy. Cantón destacó la continuidad de los juicios a los represores (tanto la secretaría de Derechos Humanos de la provincia como la de la Nación fueron querellantes en este) y dijo que la condena fue “un paso más en la construcción de una república sin impunidad y eso es futuro, no pasado”.

“Veo que la justicia tarda pero llega”, dijo Rosa en la puerta del tribunal. Ayudada por su bastón, pero siempre de pie, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo señaló ante los medios: “Es un momento de mucha emoción. Es una satisfacción. Pero todavía no hemos terminado. Nos faltan muchos nietos por encontrar. Todavía me siento capaz de luchar”.