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A dos días de conmemorarse el 15° aniversario del 11-S, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que permitirá a los familiares de las víctimas de los atentados en los que murieron casi 3000 personas denunciar ante los tribunales a Arabia Saudita por sus supuestos vínculos con los terroristas. El proyecto de ley aún debe ser ratificado por el presidente Barack Obama, quien ya expresó su oposición a la medida porque contradice el principio de inmunidad que protege a los Estados de demandas civiles o criminales.

La ley limita la inmunidad de un estado o de funcionarios de un estado extranjero ante daños causados en actos de extremismo internacional. También autoriza a los tribunales estadounidenses a procesar a personas que cometan o conspiren contra un ciudadano estadounidense.

Los contrarios a la ley, entre ellos la Casa Blanca, temen que esta acabe dañando las relaciones con Arabia Saudita, un socio esencial de Washington en Medio Oriente. "Esta iniciativa cambiaría una ley internacional de larga data sobre la inmunidad soberana y el presidente de Estados Unidos mantiene la preocupación de que esta propuesta haga a Estados Unidos más vulnerable ante otros sistemas judiciales en el mundo", dijo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, en mayo, luego de que el Senado aprobara el proyecto por unanimidad.

Arabia Saudita amenazó con represalias financieras si la ley se aprueba. Otro peligro es que, en respuesta a esta ley, funcionarios estadounidenses pierdan su inmunidad en el extranjero.

La ley no cita específicamente a Arabia Saudita, pero sus promotores, entre ellos familias de víctimas del 11-S, defienden la norma con este país en mente, ya que 15 de los 19 atacantes que secuestraron cuatro aviones en Estados Unidos para cometer el atentado eran ciudadanos sauditas. Los familiares creen que los tribunales pueden ayudar a investigar los posibles vínculos entre los atacantes y la monarquía saudíta.

Un informe estadounidense desclasificado en julio pasado determinó que algunos de los atacantes tuvieron contacto con personas que “podrían estar conectadas” con el gobierno saudí, pero admitió que estos vínculos no habían podido demostrarse de forma independiente. Bajo la ley actual, las víctimas de ataques extremistas pueden demandar solamente a los países oficialmente designados por el Departamento de Estado como "patrocinadores del terrorismo", como Irán y Siria.

El presidente estadounidense puede vetar las leyes del Congreso, pero el propio Congreso puede desactivar el veto con dos tercios de votos en ambas cámaras. Desde que Obama en 2009 llegó a la Casa Blanca, el Congreso no ha logrado desactivar ningún veto.