La discusión de hoy fue la continuación de un debate iniciado el 8 de julio, cuando la norma se aprobó en general por unanimidad. El proyecto establece que en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.

Están exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito que se les impute no alcancen la edad de catorce años. Tampoco serán imputables quienes tengan catorce o quince años de edad y hayan cometido delitos sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.

También quedan fuera de la responsabilidad penal quienes tengan dieciséis o diecisiete años de edad y sean sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Además, el Régimen establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar. El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de dieciocho años infractoras a la ley penal es "la excepción y el último recurso", y establece que "se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho años dentro de su grupo familiar" y que "en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescentes".