Aerolíneas Argentinas hizo saber que la dádiva ofrecida a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para que viajen por el mundo en primera clase sin pagar por esa comodidad le fue impuesta por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. El gerente de aeropuertos de AA, Ricardo Lehmacher, no respondió a una consulta sobre por qué dispuso la prebenda en un día tan inusual como el doble feriado del sábado 9 de julio!, y quiénes intervinieron en los niveles de decisión, dentro y fuera de AA. Pero luego de la publicación, Isela Costantini, confirmó la canonjía y deslindó su responsabilidad. “No tuvimos más remedio que aceptar la solicitud porque el Estado es el accionista de la empresa”, dejó saber. Aerolíneas explicó que el Poder Ejecutivo pidió el privilegio para “proteger la investidura” de los jueces del máximo tribunal, pero no explicó de qué debían guarecerse. Sostuvo que se concederá en viajes oficiales, aunque no es eso lo que dice la comunicación a los jefes de escala, que se refiere a un presunto derecho, sin exponer en qué se origina. AA también aclaró que la medida, dispuesta en la semana del casamiento de Ricardo Lorenzetti, se circunscribe al juez y no a sus acompañantes, algo que tampoco dice la comunicación a los jefes de escala. Un comunicado difundido por la agencia de imagen de Lorenzetti deslindó la responsabilidad en el Poder Ejecutivo: los jueces no pidieron el beneficio, aunque tampoco dijo que lo rechazaran. El texto agrega que “los vínculos institucionales se realizan mediante convenios que son publicados”, pretensión desmentida por el furtivo encuentro en la Casa Rosada entre los jefes de ambos poderes, sin que hubiera ninguna información oficial de ninguno de ellos. El mismo miércoles por la noche, el Poder Ejecutivo respondió en forma elíptica: la televisión estatal informó que el principal operador todo terreno del presidente de la Corte, el ex senador Nicolás Fernández había sido demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando embarcaba hacia Miami con 30.000 dólares no declarados, el triple de lo permitido. Fernández alegó que desconocía ese tope, pese a que numerosos carteles en el aeropuerto lo recuerdan, y la justicia le confiscó el dinero. ¿Quién rehúse la zanahoria probará el palo?