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Procesado por múltiple corrupción por el Supremo Tribunal Federal el diputado Eduardo Cunha renunció este mes a la presidencia de la Cámara baja reivindicando su condición de paladín de la caída de Rousseff. Estaba en lo cierto. Fue Cunha, socio carnal del presidente en ejercicio Michel Temer, quien orquestó y condujo a unas dos centenas de congresistas para que voten por la apertura del “impeachment” contra Dilma.

La sesión que marcó el comienzo del casi inexorable fin del gobierno democrático ocurrió el domingo 17 de abril (día elegido por Cunha y la red Globo para inflar el espectáculo) cuando los enemigos del PT se impusieron por un holgado margen. Desde el lunes 18 de abril comenzó a correr en Brasilia el rumor de que buena parte de los diputados había puesto a la venta sus votos, repitiendo una costumbre antigua.

A principios de la década del 90 Lula denunció a los “300 picaretas” que se vendían a quien fuera, lo que dio lugar a un tema de la banda Paralamas do Suceso. Años más tarde, en 1996, se denunció y finalmente comprobó que el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso logró reformar la Constitución e introducir la cláusula que le permitió la reelección, gracias al pago de miles de dólares a legisladores venales. Algunos diputados se vieron obligados a renunciar, Cardoso reconoció el dolo pero negó ser cómplice del mismo y la Justicia se desentendió del tema.

Recientemente el diputado Paulo Pimenta, del PT, sostuvo que no pasará mucho tiempo hasta que se rompa la omertá entre los cómplices y se sepa como fue “comprado el juri” que derrocó a Dilma. Claro que si esa verdad se conoce enlos próximos días el “impeachment” se anularía por vicios de origen, pero si se supiera dentro de dos meses tendría un efecto nulo, pues para entonces seguramente Rousseff ya habrá sido condenada y obligada a dejar el cargo.

–¿Presidenta, es alocado sospechar que el impeachment fue comprado?

–No creo que sea alocada esa hipótesis (. . .) es lógico que yo tenga sospechas (. . . ) tampoco quiero acusar a nadie porque cuando uno acusa tiene que tener pruebas. Lo que yo digo es que el 17 de abril vimos indicios fortísimos de que hubo argumentos poco republicanos para votar el impeachment. Y esto empieza a insinuarse en algunos procesos judiciales donde algunos algunos delatores que acusan al señor Eduardo Cunha aseguran que él compraba diputados. Además, hay periodistas que no simpatizan conmigo o con mi partido, que dicen que Cunha compraba diputados. Reitero que aquella votación del 17 de abril fue muy poco republicana, incluso en lo formal, con aquellos diputados votando a favor del impeachment dedicando el voto a sus padres, a sus hijos y hasta a la tortura. Todo ese espectáculo mostraban que esa gente no actuaba movida por fundamentos republicanos. Incluso hubo una diputada que dijo votar por el impeachment porque su marido, el alcalde de Montes Claros, era alguien que gobernaba honestamente y al día siguiente su marido fue preso por corrupción. Por todo eso creo que esas investigaciones sobre lo que pasó el 17 de abril tienen que ser profundizadas, especialmente la pista sobre Cunha.

–¿Como artífice de la operación?

–Sí, pero también hay que recordar que el dio inicio al pedido de impeachment, en diciembre de 2015, como una represalia porque nosotros no le dimos apoyo para archivar un proceso contra él en la Comisión de Etica porque mintió al congreso cuando dijo que no tenía cuentas en Suiza , si no le dabamos esos votos iba a aceptar. El orígen del impeachment fue un chantaje público de Cunha contra mí y el gobierno, un chantaje dicho ante cámaras, a tal punto que esto lo reconoce la gente que promovió el impechment como el doctor José Reale Junior, ex ministro de Justicia del presidente Cardoso. El señor Reale, alguien que no simpatiza con nuestro gobierno, reconoció que Cunha cometió un “chantaje explícito” al impulsar el impeachment. Ese chantaje es el pecado original de un impeachment absolutamente inconsistente donde desde el punto de vista jurídico se comprobó que yo no cometí ningún delito. Esto lo acaba de confirmar la propia Procuraduría General de la República y antes lo había determinado un laudo de peritos del Senado.