La judicialización de la protesta volvió a la academia. Pero ahora no apunta a estudiantes: a la directora de la carrera de Trabajo Social de la UBA, María Isabel Bertolotto, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad le inició una causa por una contravención: “Haber permitido en su carácter de directora” un corte de calle que alumnos y docentes realizaron en el marco de una jornada de clases públicas. Incluso, le ofrecieron realizar una probation a cambio de que no quedaran huellas en su registro de antecedentes. Bertolotto rechazó la propuesta y, con el apoyo de la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, espera que la Justicia resuelva su situación.

“Esto forma parte de la judicialización de la protesta. Vamos a sostener nuestra postura hasta el final”, aseguró Bertolotto a PáginaI12. La historia comenzó el pasado 17 de abril, cuando un grupo de alumnos y docentes sacaron pupitres, bancos y sillas a la calle Santiago del Estero –donde se encuentra el nuevo edificio de Sociales, aún en obra–, para reclamar un aumento presupuestario para la universidad.

La protesta transcurrió sin mayores incidentes, pero: “A las dos horas, me avisan que me buscaba el subcomisario para notificarme sobre un acta contravencional por cortar la calle sin dar aviso”, explicó Bertolotto, que aquel día estaba a cargo de la sede. Luego de consultar con el asesor legal de la facultad, la directora no firmó ni recibió el acta. Además, la policía le pidió que diera “los nombres de los docentes que se estaban manifestando”, algo a lo que tampoco accedió.

Veinte días después de la protesta y faltando unos minutos para la medianoche recibió en su casa la visita de un patrullero que le acercó “una citación en la fiscalía para el día siguiente”. Allí le notificaron la acusación de la fiscal Verónica Natalia Andrade. En una reunión posterior, le ofrecieron como parte de una mediación entre el defensor oficial y la fiscalía, una probation. ¿En qué consistía? “Debía avisar durante un mes a la policía cada vez que los estudiantes cortaran la calle –contó la directora de la carrera de Trabajo Social–. Lejos de mí va a estar levantar el teléfono para informar si alguien está interrumpiendo o no el tránsito”, resumió, descartando la oferta para detener el avance de la causa.

Mariano Blumenfeld Izzo, alumno de Trabajo Social y consejero superior por la agrupación Lucía Cullen, explicó que “los estudiantes movilizamos a toda la carrera y sacamos una resolución apoyando a la directora, y denunciando esta práctica. Si esto termina en una sanción, vamos a redoblar la apuesta y va a generar un movimiento mucho más grande”, avisó. En el documento labrado por la junta de carrera, refrendado por el consejo directivo de Sociales y que ahora espera trámite en el Consejo Superior, la comunidad académica establece que “ninguna obligación le cabe (a la dirección de la carrera) en cuanto a dar aviso a las autoridades pertinentes de la ciudad en ningún sentido, ya que es inaceptable suponer que una autoridad académica es un auxiliar de la Justicia o de las fuerzas de seguridad”. También destacaron el contexto en el que se impulsa la causa, el que destacan como “abusivo” ya que “ha habido cortes de ruta defendidos por autoridades de la Ciudad de Buenos Aires... e instalaciones en plazas públicas defendidas por legisladores”. Por eso, rechazaron “cualquier tipo de persecución hacia miembros de la comunidad académica”.

Ahora, la causa espera la asignación de un juzgado para que determine cuál será el final de la historia: pueden sobreseer a Bertolotto, o pueden sancionarla con penas que van desde multas hasta la prisión en una dependencia contravencional.