Tras cuatro horas de reunión, un cuarto intermedio y un nuevo encuentro más breve, alumbró anoche el primer acuerdo entre las cuatro entidades de la producción agropecuaria y el gobierno nacional. El acuerdo marco firmado anoche en el despacho del jefe de Gabinete está referido exclusivamente a ganado bovino, y en sus puntos centrales establece el compromiso de las autoridades de liberar las exportaciones por un volumen anual de 550 mil toneladas res con hueso más un volumen adicional para las categorías de vaca conserva (120 mil toneladas anuales como mínimo), mientras que las organizaciones rurales se involucran en procurar el abastecimiento al mercado interno, “a precios razonables y en cantidades adecuadas”, de los llamados trece cortes populares. El resultado de ayer despeja el camino para avanzar en otros acuerdos que podrán resultarán más trabajosos, como el de la leche y el trigo. Ayer, al finalizar el acuerdo, los dirigentes agropecuarios subrayaron que no abandonaban el reclamo por la modificación del sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, aunque es evidente que esta cuestión quedó relegada a un segundo plano en la discusión.

En medio de otra jornada sembrada de noticias interesadas en generar ruidos y distanciamientos en la relación entre Gobierno y entidades, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sorprendió a primera hora de la mañana al anunciar la convocatoria a una reunión, para la tarde, con los cuatro presidentes de las entidades: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria. Junto a Fernández, se sentarían Javier de Urquiza y Guillermo Moreno, secretarios de Agricultura y Comercio, respectivamente. Martín Lousteau, ministro de Economía, pese a estar en Buenos Aires, no participó, presuntamente en una táctica del Ejecutivo para evitar mostrar discrepancias particularmente con Moreno. El Gobierno optó por el perfil negociador de éste antes que por la ventaja en capacidad técnica que le hubiera ofrecido Lousteau.

Durante la mañana, había tenido lugar la primera reunión de la Comisión de Economías Regionales, en la que se lograron coincidencias en cuanto al respaldo con recursos públicos que recibirían los productores arroceros y tabacaleros. Los representantes de las entidades no ocultaron su satisfacción por los resultados en este ámbito, que volverá a reunirse en las próximas horas. Para hoy, está citada la Comisión de Lechería, otro rubro clave para las organizaciones ligadas a los pequeños productores.

Mientras puertas adentro –Secretaría de Agricultura por la mañana, Jefatura de Gabinete por la tarde– se acercaban posiciones, por afuera empezaba a conformarse la convocatoria a asambleas para el fin de semana, con epicentro en la localidad de Jesús María, para “ratificar el estado de alerta y movilización” y preparar nuevas medidas de protesta “si no se arriba a un acuerdo antes del 2 de mayo”. Paralelamente, se convocaba a otra reunión que se esperaba multitudinaria en la ciudad bonaerense de Pergamino, también para el fin de semana.

El discurso pronunciado por Cristina Kirchner por la tarde, al anunciar un préstamo del BID para ser aplicado a programas de Senasa y Educación, había despertado cierta inquietud. El tono severo que la Presidenta utilizó para reclamar a las entidades rurales un cambio de actitud para “integrarse a una cadena de valor, no pensarse únicamente como productores rurales”, y el llamado a no repetir el error de la generación de la época del “granero del mundo” (fines del siglo XIX y principios del XX), provocó cierto recelo, que luego se disipó en el clima de la reunión en Gobierno.

El acuerdo suscripto establece, primero, un diagnóstico en ocho puntos en el que se reconoce la tendencia a la suba internacional de precios, la necesidad de aprovechar esa tendencia en favor de la rentabilidad de los productores, pero sin afectar el consumo masivo, y el objetivo compartido de incrementar la productividad con el respaldo de las herramientas del Estado. Luego, en los once puntos que se fijan los compromisos, se establece que, además de la ampliación de los cupos para exportaciones y el abastecimiento adecuado al mercado interno, se analizarán otras medidas, como el establecimiento del peso mínimo de faena y nuevos sistemas de comercialización de ganado y carnes, la revisión de las normas sanitarias para los frigoríficos y la confección de “políticas ganaderas de incentivo a la producción”.

El acuerdo de ganado bovino actuará como guía de los demás rubros, con reuniones quincenales de la mesa de ganado y carnes (con industriales y demás operadores comerciales) para monitorear los compromisos firmados ayer. Este, quizá, sea su mayor mérito político.