Con la mirada puesta en el 25 de mayo, cuando Cristina Fernández convocará al Acuerdo del Bicentenario, dirigentes empresarios y sindicales empezaron a tomar contacto para consensuar el contenido del convenio. Por ahora las partes conversaron sólo informalmente sobre los temas más ríspidos, como la evolución de precios y salarios, a la espera de lo que sugiera el Gobierno. La pretensión de las cámaras patronales es evitar una segunda ronda de negociaciones paritarias hacia fin de año –como la que hubo sobre el cierre de 2007– y a cambio prometen moderar sus aumentos. Pero mientras todo ello se encuentra en etapa preliminar, avanza un entendimiento para incluir en los anuncios de fin de mes la presentación de una nueva ley de accidentes de trabajo.

A principios de esta semana hubo una reunión entre Juan Carlos Lascurain, presidente de la Unión Industrial Argentina, y Armando Cavalieri, titular del sindicato de Comercio, para retomar el diálogo sobre esa ley. Hace ocho días, la UIA y la CGT participaron de un evento convocado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante el cual tanto el responsable de esa dependencia, Juan González Gaviola, como su jefe, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hicieron hincapié en la necesidad de aprobar rápido un nuevo marco normativo para la cobertura de riesgos del trabajo.

“Es un tema que seguramente formará parte del pacto social”, indicaron a Página/12 desde la esfera oficial. Se analiza la conformación de una mesa de negociación permanente para definir el contenido del proyecto con la participación de todos los involucrados, incluida la Unión de Administradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Esa comisión debería acordar el texto de la iniciativa para que el Congreso la apruebe este mismo año.

Uno de los puntos que planteará el Gobierno es el aumento de los topes indemnizatorios y la creación de un sistema de movilidad de los pagos. El objetivo es atenuar el interés de los trabajadores de acudir a la Justicia a reclamar una indemnización adicional a la que le pague la ART. En la misma línea, se estudia acelerar los plazos de determinación de las indemnizaciones. “El 95 por ciento de los casos deben quedar cerrados con la reparación que se pague dentro del sistema y el cinco por ciento de hechos excepcionales que se diriman en Tribunales”, postulan desde el Ejecutivo. Para eso, la cobertura de la ART debe ser similar a lo que los trabajadores obtienen con una demanda civil. Se discute si incluir en la ley alguna cláusula que entrañe algún costo para el empleado que inicie un juicio, aunque sin vedarle esa posibilidad.

La necesidad de votar una nueva ley se impuso a partir de un fallo de la Corte Suprema del año 2004, que declaró inconstitucional un punto clave de la norma sancionada durante el menemismo: la prohibición impuesta a los trabajadores para exigir a través de la Justicia una indemnización adicional a la que cobre por la ART en caso de sufrir un accidente. Las cámaras patronales se quejan por la multiplicación de juicios que derivó de ese fallo. La CGT, a su vez, cuestiona la efectividad del sistema en su conjunto para prevenir los accidentes laborales. De allí la coincidencia en pedir que se apruebe rápido una nueva ley, aunque las motivaciones que los impulsan sean distintas.

De acuerdo con estadísticas de la SRT, de 85 accidentes por año cada 1000 trabajadores que existían en 1996 se bajó a sólo 81 cada 1000 en la actualidad, pese a que supuestamente existen medidas de control y prevención de siniestros. Y las muertes en accidentes se encuentran desde hace cinco años en una meseta de 140 por millón de trabajadores por año. Esos resultados se producen a pesar de que el costo del sistema trepó del 1,5 por ciento de la masa salarial en 1996 a 2,7 puntos en el presente. También existe preocupación porque la cantidad de días que los empleados tardan en regresar a sus actividades laborales pasó de 13 a 27. Todos estos elementos forman parte del análisis para la confección de una nueva ley.

Otro punto que generará el apoyo empresario pero que será resistido por las ART es la posibilidad de fijar topes en los costos de las pólizas. Así como el año pasado se aprobaron topes en las comisiones de las AFJP, es posible que se repita la experiencia con las ART. A la vez, se trabajaría en pulir la letra chica de los contratos de las aseguradoras de riesgo con las empresas que las contratan, para evitar que les cobren “según la cara del cliente”.

Ayer trascendió que se produjo otra reunión entre Lascurain y Cavalieri, de la que también habrían formado parte Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y Antonio Caló (UOM). Sin embargo, el presidente de la UIA lo negó ante este diario. El empresario, en cambio, confirmó su encuentro con Cavalieri del lunes. “No hablamos de precios y salarios, sino de otros temas”, indicó. Uno de ellos fue el de las ART.