Distintas bancadas opositoras y algunos diputados kirchneristas pedirán hoy, en la sesión de la Cámara baja, “preferencia” para el tratamiento de una serie de proyectos destinados a dar “soluciones coyunturales y estructurales” a pequeños y medianos productores rurales, y debatir sobre tablas –en forma inmediata– las iniciativas que ya tengan estado parlamentario. La decisión fue anunciada ayer en una rueda de prensa, donde los legisladores estuvieron acompañados por dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuyos técnicos participaron en la elaboración de varios proyectos. La agenda incluye retenciones segmentadas y un sistema de compensaciones diferenciales para los productores chicos, una ley de arrendamiento de tierras para ponerles freno a los pools de siembra y la recuperación de las desmanteladas juntas nacionales de granos y carnes.

Los diputados presentaron el “compromiso parlamentario” y la agenda de proyectos como un aporte para “resolver la problemática de los pequeños productores del campo, ante la gravedad del conflicto agropecuario y la ausencia de una política agropecuaria integral” para el sector. Un texto que rubricaron legisladores del socialismo, del ARI Autónomo, la UCR, la Coalición Cívica y otras bancadas menores como el economista de la CTA Claudio Lozano, el entrerriano Emilio Martínez Garbino y la cordobesa Norma Morandini. También lo firmaron los filokirchneristas Cecilia Merchán y Victoria Donda, el socialista K Ariel Basteiro y el oficialista Edgardo Depetri, aunque éstos no fueron de la partida frente a los periodistas.

Los proyectos que intentan hacer “frente a la actual coyuntura” son dos. El de retenciones segmentadas, “que tengan en cuenta el tamaño del productor para beneficiar a los más chicos”. El otro es la creación de un sistema de compensaciones diferenciales, para que la ayuda económica del Estado a los productores “contemple un precio mayor a los productores de menor escala”.

Entre los estructurales figura una Ley de Arrendamiento, que “revierta la concentración del uso de la tierra, con prácticas como las utilizadas por los fideicomisos financieros, las sociedades anónimas y los fondos de inversión como Grobocopatel, entre otros”. La recuperación de las juntas de regulación de granos y carnes, y la creación de un Instituto de Colonización de Tierras, donde el Estado tenga “la prioridad de compra y arrendamiento de tierras para incidir en la planificación agropecuaria”.

La agenda se completa con un proyecto contra la extranjerización de las tierras, un plan estratégico para la agricultura familiar, la creación de un marco regulatorio para la lechería, un plan para estimular la actividad ganadera, planes estratégicos para producciones como la porcina, horticultura, cítricos, arroz y azúcar, además de un plan para el fomento de camélidos en el NOA.

En la rueda de prensa participaron junto con los diputados el vicepresidente de la FAA, Pablo Orsolini; su secretario gremial Omar Barchetta y el representante de Lincoln, Guillermo Giannasi. “No tenemos un problema ideológico con las retenciones. Fuimos los primeros en respaldarlas cuando volvieron a implementarse en 2002 pero no en la forma desproporcionada que se quiere aplicar ahora”, dijo Giannasi.

Los diputados también salieron al cruce de la “supuesta necesidad del Gobierno de hacer caja”, porque “tiene otros instrumentos que no utiliza”. Dijeron que insistirán ante el Ejecutivo por la reglamentación de la ley Martínez Raymonda, que establece sanciones a los exportadores que declararon mayores exportaciones de granos para embolsarse el aumento de las retenciones, cuando éstas pasaron del 27 al 35 por ciento: “Mil millones de dólares que no van ni a los productores ni al Estado”. Así como “la violación del Código Aduanero”, donde los exportadores también “se apropian” de la diferencia de las retenciones, “entre lo que verdaderamente pagan y lo que les cobran a los productores”.