Juan Puthod volvió a ser víctima de una intimidación. Este sobreviviente de la dictadura, que preside la Casa de la Memoria de Zárate y estuvo secuestrado la semana pasada durante 28 horas, está convencido de que tocó algún nervio sensible del aún activo aparato represivo. “Algo está pasando, siempre hubo amenazas, pero no tanto como ahora, con tanto énfasis, están operando”, dijo Puthod a Página/12. El domingo fue seguido por desconocidos mientras compartía la jornada con su esposa y sus compañeros y decidió aceptar la custodia que le ofreció la fiscalía. Hoy podría definirse si la investigación de su secuestro queda finalmente radicada en la Justicia federal de Campana. Y Puthod sería recibido por el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, a quien le pedirá el apartamiento de la policía bonaerense de su caso.

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, se entrevistará con el fiscal del caso, Martín Zocca, quien ya se declaró incompetente para seguir interviniendo. Así, la jueza de Garantías de Zárate-Campana Graciela Cione remitió el expediente a la Justicia federal de San Martín porque creyó que allí podría haber causas conexas, pero como esa jurisdicción lo rechazó, Zocca seguirá actuando hasta que se defina la competencia. De hecho, ayer volvió a realizar un rastrillaje en zonas donde Puthod podría haber estado cautivo. El lunes tomó nota de la nueva intimidación sufrida por Puthod y sus allegados y le asignó la custodia de un policía bonaerense de “traslado de personas”.

En principio, Puthod había rechazado la protección, pero a partir de lo sucedido el domingo su familia se sintió muy atemorizada y decidió aceptarla. Ese día fueron seguidos por un Volkswagen plateado y otro vehículo, primero en la calle. Luego, en un bar, los desconocidos se sentaron detrás de la mesa que compartía con su esposa, Graciela Lencina, y su compañero Martín Labró. Los individuos se mostraron “con total impunidad”, a cara descubierta. “Cualquiera de nosotros podría reconocerlos si los volviéramos a ver”, comentaron allegados a Puthod a Página/12. Uno de los autos siguió a Labró cuando tomó un colectivo para ir a su casa. El lunes, cuando Puthod fue a declarar a la fiscalía, vio el mismo Volkswagen y a uno de sus ocupantes que lo había seguido horas antes. Su esposa llegó a tomar los tres números de la patente, aunque no las letras, pero la policía no encontró nada al respecto.

Al desprenderse del expediente, el fiscal Zocca citó el antecedente del caso del desaparecido Julio López, cuando luego de tres meses de su desaparición la Corte Suprema determinó la competencia del fuero federal. Tras esa experiencia, en la Secretaría de Derechos Humanos provincial consideran que las actuales intimidaciones a testigos y protagonistas de los juicios deben ser investigados por la Justicia federal. El poder político pretende que intervengan jueces y fiscales de ese fuero, pero de la jurisdicción en que ocurrió el nuevo hecho y no por conexidad con las causas en las que esas víctimas declararon con anterioridad.

El expediente Puthod ya está en el despacho del juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez. El magistrado deberá decidir si se queda con la causa y, luego, dar intervención también al fiscal federal Orlando Bosca. En ese juzgado está la causa 5310 sobre el hallazgo de restos óseos en el Tiro Federal, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que abarca el circuito represivo de Zárate, Campana y Baradero y en la que declaró Puthod como sobreviviente de esos campos.

En diálogo con Página/12, la secretaria Derotier de Cobacho destacó que el gobierno provincial pretende “llegar hasta las últimas consecuencias” en el esclarecimiento del caso. Este diario le preguntó por qué aún no fue apartada la Policía Bonaerense, ya que el propio Puthod sospecha que fue secuestrado por uniformados. La funcionaria respondió que está actuando en conjunto con la Policía Federal y que esta fuerza es la que realizó los allanamientos del caso. “En el ’76 lo secuestró la Prefectura, no la Bonaerense, por eso ahora no participa del caso”, explicó Derotier de Cobacho. El fiscal Zocca llegó a interrogar como testigo a un ex integrante de la Prefectura en los años ’70, pero esto ocurrió cuando el militante de derechos humanos aún no había aparecido, y esa persona no quedó imputada.