El gobierno porteño reaccionó con dos medidas ante la resolución del juez Roberto Andrés Gallardo, que ordenó clausurar el predio del Parque Roca, donde estaban alojadas 220 familias que vivían en Villa Cartón. Por un lado, el procurador Pablo Tonelli apelará el fallo y, por otro, el ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, les otorgará un subsidio habitacional para que dejen el centro de evacuados. Según estimaban en la gestión PRO, si reciben el subsidio, no obtendrán las viviendas que les habían prometido cuando se incendió la villa. “Las dos cosas no le podemos dar”, señalaron desde el macrismo.

La villa bajo la Autopista AU7, en la que vivían unas 500 personas, se incendió a principios de febrero de 2007. El gobierno porteño habilitó carpas y luego viviendas en el Parque Roca “en forma transitoria” hasta que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) construyese viviendas definitivas. Sin embargo, 220 familias llevan allí más de un año, sin iluminación, sin agua, sin sistema de cloacas –los pozos ciegos están rebalsados– y sin asistencia médica.

Ante esta demora, Gallardo concedió una medida cautelar a un defensor oficial. Estableció que debe cerrarse el predio, que se le deben garantizar a los habitantes “los servicios mínimos” bajo pena de recibir multas y que en cinco días deben entregarle un censo de las personas que habitan ese centro de evacuados. Ordenó que se ponga a disposición de los habitantes “el subsidio previsto para las personas que así lo requieran” y subrayó que esto no implica “la pérdida del derecho a la vivienda definitiva”.

En un segundo fallo, estableció la obligación del gobierno porteño de entregar las viviendas sociales. Su fallo recuerda las numerosas intimaciones que recibió el Ejecutivo por parte de la Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría, frente a las cuales “la conducta del gobierno ha sido invariablemente la de considerar al centro de evacuación como un nuevo asentamiento”. Gallardo destacó que el IVC, en particular, cometió “diversas irregularidades”, algunas “susceptibles de tipificación penal”. Su Señoría detalló algunas:

- El IVC autorizó la erogación de 161.975 pesos para la construcción de dos comedores para los evacuados, que nunca se hicieron.

- También envió bidones de agua que no era apta para consumo humano, como lo comprobó el laboratorio químico de la Policía Federal.

Desde el gobierno porteño, respondieron con una apelación. “El juez está tomando decisiones políticas, que no le competen. No corresponde que nos diga lo que tenemos que hacer”, advirtieron desde la Procuración porteña, en un tono similar al que utilizó el jefe Mauricio Macri ante los fallos adversos de comienzos de este año.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social señaló a Página/12 que los que habitan el centro de evacuados podrán tramitar un subsidio habitacional de 450 pesos, por diez meses. En el gobierno, interpretaron que, según la ley 1987 que les concedía viviendas a los evacuados, si aceptan el subsidio no recibirán las viviendas. Algo que va a contrapelo de la sentencia judicial. Bullrich destacó que no van a desalojar el Parque Roca, sino que les van a pedir a las familias que se vayan por sus propios medios. “No tenemos poder de policía. Queremos establecer con el juez un mecanismo, porque también consideramos que el lugar no es apropiado”, planteó.