La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados avanzó ayer en un dictamen para modificar la actual ley de arrendamiento, tomando como base una iniciativa del legislador Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) que presentó el proyecto el año pasado, con el visto bueno de la Federación Agraria. A partir de esta nueva normativa, los contratos de alquiler tendrán un plazo de cinco años, se modifica la posibilidad de realizar contratos accidentales (de un año de duración) y se prohíbe el subarrendamiento, entre otras medidas de carácter fiscal, como la reducción al impuesto a las Ganancias y una devolución anticipada del IVA. La Sociedad Rural pidió la suspensión del tratamiento de ese proyecto, mientras que Federación Agraria habría realizado algunas objeciones. La idea del oficialismo es presentar hoy la nueva ley en el recinto, dentro de un paquete general de medidas, entre ellas la ratificación –y correcciones– de la resolución 125 y la Ley de Emergencia Agropecuaria.

La ley de arrendamiento es una de las cartas que el oficialismo quiere jugar a la hora de tratar hoy en el recinto las modificaciones a la resolución 125, con la idea de conformar a otros sectores, como el bloque que lidera Eduardo Macaluse (SI) y la Federación Agraria. La comisión que lidera Vilma Ibarra (FpV) se apuró ayer por la mañana en ajustar un dictamen sobre este proyecto, que al cierre de esta edición le restaban algunos detalles. El objetivo era llegar con ese proyecto cerrado a la sesión plenaria de las comisiones de Agricultura y Presupuesto, o a más tardar tenerlo listo para hoy, cuando los legisladores del oficialismo vayan al recinto.

Más allá de que se haya avanzado en este proyecto, el bloque oficialista de la comisión de Legislación General tuvo algunas objeciones. “El tratamiento de este proyecto responde a las necesidades del Poder Ejecutivo. Planteamos que hasta que no se resuelva la resolución 125, no se puede avanzar en otras cuestiones”, retrucó el radical Pedro Azcoite no bien comenzó la sesión de la comisión de Legislación General. Pero ésa no fue la intervención más importante para rechazar el tratamiento del proyecto de ley. Según indicó Ibarra, habían sido invitados cuatro representantes de la Mesa de Enlace. El único que expuso fue Abel Ganieri, de la Sociedad Rural, quien rechazó el tratamiento de la normativa argumentando que la Mesa de Enlace no había podido estudiar a fondo el proyecto. Sin embargo, el proyecto tiene como base los aportes de la Federación Agraria.

“El objetivo de esta iniciativa es darles mejores condiciones de competitividad en el uso de la tierra a los pequeños y medianos productores, sobre todo promoviendo beneficios impositivos para los pequeños arrendatarios”, aseguró a Páginai12 el socialista Lisandro Viale, coautor del proyecto. La normativa crea nuevas figuras de arrendatarios, como los contratos promovidos, que son aquellos celebrados por microempresas agropecuarias. Además se disminuye la alícuota del impuesto a las Ganancias en un 33 por ciento para los tomadores y en un 20 por ciento para los dadores.

“Si sale esta ley, la Federación Agraria la verá con buenos ojos, lo que no quiere decir que se termine el conflicto”, aseguró a este diario Viale. Según indicó el legislador Raimundi, una de las modificaciones introducidas tiene que ver con la cantidad de unidades productivas que puedan arrendarse. “Hasta ahora regía el límite de diez, pero se extendieron, abriendo el paso a los grandes jugadores”, señaló Raimundi. Este sería el punto objetado por la entidad que conduce Eduardo Buzzi. Para conformar a los pequeños productores también están en danza la ley de warrants, que es un mecanismo de financiación, y la Ley de Emergencia Agropecuaria, que también se tratará hoy en el recinto.