El debate por una nueva ley de riesgos del trabajo se reinserta en la agenda del gobierno. La reforma está empantanada desde 2004 cuando un fallo de la Corte Suprema instaló la necesidad de realizar cambios significativos en la legislación. Existen propuestas presentadas tanto por el Ministerio de Trabajo como por la CGT y modificaciones puntuales del sector patronal. Los cambios no avanzaron ya que las tres partes no logran consensuar un acuerdo. Ayer se reunió el Comité Consultivo Mixto, donde la cartera que conduce Carlos Tomada les entregó a las partes ocho borradores de proyectos para que los estudien. Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se encontró ayer con la UIA, que dejó de lado sus pedidos devaluatorios y reclamó sobre la ley. El Ejecutivo se comprometió a avanzar “fuertemente” hacia nueva normativa.

Como la reforma integral está trabada, la idea de Tomada es avanzar por decreto en algunos aspectos puntuales donde exista acuerdo entre las partes. Los proyectos que las autoridades de la cartera laboral les entregaron a los empresarios y a los sindicatos contemplan, entre otros temas, el incremento en las indemnizaciones, la ampliación del listado de enfermedades, la bancarización del sistema y la creación de comisiones médicas. Hoy elevarán las propuestas a la CTA y la Unión de ART. El jueves próximo se volverán a reunir. El resto de los borradores se titulan: Fondo fiduciario enfermedades profesionales, Registro de servicios de salud y de contratos, Obligaciones de las ART y Empresas críticas.

Además del ministro, el encuentro estuvo encabezado por la viceministra, Noemí Rial, y el jefe de Gabinete, Norberto Ciaravino. Por la CGT estuvo presente el secretario adjunto, Juan Belén, y el abogado de la entidad y diputado del FpV Héctor Recalde. Lo que sorprendió a las autoridades del ministerio fue la pobre representación de la dirigencia empresaria, que tan sólo envió a sus equipos técnicos.

Los dirigentes de la UIA, los principales ausentes en el encuentro con Tomada, se habían reunido antes con el jefe de Gabinete. De ese encuentro, los emisarios de la central fabril se fueron con el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia una nueva ley. A diferencia del encuentro en la cartera laboral, a Casa Rosada concurrieron varias de sus autoridades como su secretario José Ignacio de Mendiguren y los vicepresidentes Federico Nicholson, Adrián Kaufman Brea y Daniel Funes de Rioja. El titular de la entidad, Héctor Méndez, no participó por estar enfermo. Junto con el reclamo sobre riesgos de trabajo, los dirigentes patronales pidieron “acelerar el tratamiento de la ley de reinversión de ganancias para el sector pyme”. En sintonía con el discurso neoliberal, la entidad patronal enfatiza que estas medidas son necesarias para “generar señales y mejorar el clima de inversión” en el país.

La cuestionada legislación laboral actual fue sancionada en 1995, en pleno auge flexibilizador, a pedido de la dirigencia patronal para reducir los “costos empresariales”. La ley 24.557 reemplazó a la primera legislación sobre el tema, de 1915. Uno de los principales reclamos de los empleadores es “ponerle fin a la industria del juicio”, que eleva sus costos. Los trabajadores sostienen que si se aumenta el valor de las indemnizaciones y se amplía el listado de enfermedades caería la cantidad de demandas. Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el 46 por ciento de los acciones judiciales se inician por enfermedades propias del trabajo que no están listadas obligando a los trabajadores a recurrir a la Justicia.