La atribución de fijar retenciones a las exportaciones agrícolas quedará en manos del Gobierno por un año más. El Senado convirtió en ley el proyecto que prorroga las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, que a partir de ahora deberán ser convalidadas únicamente por la Presidenta y el jefe de Gabinete y ya no más por funcionarios de segunda línea. Además, crea una comisión bicameral que en un plazo de 240 días deberá discernir cuáles de las 1900 leyes delegadas tienen vigencia y cuáles de ellas continuarán bajo la órbita del Gobierno. En una votación algo más holgada que la prevista, el oficialismo –que apenas contó con un puñado de aliados– se impuso por 38 votos contra 30. Afuera, unos 200 productores comandados por el federado entrerriano Alfredo De Angeli golpearon las vallas que protegían al Congreso durante toda la sesión.

El kirchnerista santacruceño Nicolás Fernández, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de defender el proyecto oficial que llegó con media sanción desde Diputados. Su argumento fue la predisposición del oficialismo de modificar en la Cámara baja varios de los puntos del texto original: eliminar la aprobación en bloque de los decretos delegados por el Gobierno desde 2006 hasta ahora, prohibir la subdelegación en otros funcionarios y dotar a la comisión bicameral de recursos económicos y de un equipo técnico-jurídico para analizar una por una las leyes de las facultades delegadas. Dejó en claro que ya no habría más concesiones en el Senado.

El oficialismo logró sortear el primer gran obstáculo: reunir el quórum para abrir la sesión. La kirchnerista santiagueña Ana Corrido fue la encargada de habilitar el debate cuando se sentó en su banca poco antes del mediodía. En las suyas ya estaban los fueguinos José Martínez y María Rosa Díaz, alineados con la gobernadora Fabiana Ríos, y el neuquino del MPN Horacio Lores, que suplantaron las bajas K: el empresario cordobés Roberto Urquía, de viaje, y las convalecientes Elida Vigo y Haidé Giri.

Las primeras réplicas a los argumentos oficiales surgieron del peronismo disidente, alineado con las entidades agropecuarias. “Que el campo se quede tranquilo. Este proyecto no ratifica la ley delegada a partir de 2006 y con esto se cae el aumento de 2007 a las retenciones”, soltó la puntana Liliana Negre de Alonso, que se explayó en una intrincada interpretación jurídica que supuestamente avalaba su postura. Una teoría a la que adhirió la salteña Sonia Escudero: “El artículo 755 del Código Aduanero y sus delegaciones no cumplieron con las exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional”, dijo.

Carlos Reutemann leyó su discurso, adelantando su voto negativo. Afirmó que “la delegación de facultades al Ejecutivo una vez más en nada ayuda al equilibrio de poderes” y que “hay que derogar el manejo del Gobierno del Código Aduanero porque es inconstitucional”. María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, ratificó “la posición histórica de Elisa Carrió en contra de la delegación de facultades, que genera una democracia institucionalmente débil y una sociedad más injusta y corrupta” y adhirió a los planteos jurídicos de Negre de Alonso y Escudero.

La díscola oficialista chaqueña Elena Corregido arrancó con sus disidencias con muchas de las políticas del Gobierno, pero luego dio un giro en su discurso. Criticó el uso del glifosato “del que nadie habla” y que “sacar las retenciones a la soja es dejar al Gobierno sin plata y empujarlo a que gobierne por decreto”. Luego, Corregido afirmó que tenía mandato de los intendentes de su provincia para “sostener el Fondo Solidario que coparticipa parte de las retenciones a la soja con la que pueden hacer obras para sus pueblos”.

El fueguino Martínez, que votó a favor, explicó el “aporte” de su provincia con el gas que se extrae de ella y arremetió contra las pretensiones ruralistas: “Quieren que le subsidien los insumos, gas, gasoil y puedan exportar sin retenciones. No es correcto. Tampoco se puede pedir que a cada uno le devuelvan lo que aportan porque hay provincias que no han sido favorecidos por la naturaleza”.

A su turno, los ex gobernadores Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero hicieron un sumario de reclamos al Gobierno y le pidieron que “asumiera la decisión de la gente en las urnas para que cambie de rumbo”. Hilda “Chiche” Duhalde cargó contra “la forma hegemónica de ejercer el poder y discrecionalidad para manejar los recursos sometiendo a las provincias: si me acompañás políticamente te doy, si no no te doy nada”.

Con la certeza de que la suerte ya estaba echada, el socialista Rubén Giustiniani juzgó que la aprobación de la prórroga como una “victoria pírrica” del oficialismo. “Si hoy no se prorroga –agregó Giustiniani–, no pasa nada, no se abre ninguna caja de Pandora, porque sigue la legislación vigente y sólo estaríamos poniendo límites al Gobierno.”

Los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz cargaron duro contra el Gobierno. El jujeño criticó la demora del Gobierno para terminar el Digesto que podría haber facilitado la discriminación de las 1900 leyes que delegan facultades y recordar una frase de CFK “en el Senado, cuando afirmó que la mejor forma de garantizar la división de poderes es que la gente vote cada dos años”. “Y ahora –concluyó Morales– la Presidenta niega el resultado de las elecciones donde el 70 por ciento de los ciudadanos votó en contra de los superpoderes y las facultades delegadas.” El jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, se tomó su tiempo para responderles. Criticó a la oposición por “recurrir a la demagogia política, creando inestabilidad y poniendo en juego la gobernabilidad agregándole dramatismo a una delegación de la que han gozado otros gobiernos”. “Dicen que hay que leer los resultados de las urnas. Algunos confunden con los sistemas parlamentarios europeos. Este gobierno fue votado en 2007 para gobernar cuatro años. Algunos son terminantes, piensan que este gobierno ya terminó, pero tiene plenitud y facultades plenas para llevarlo adelante”, contragolpeó Pichetto. También se refirió a los ruralistas que protestaban: “Vinieron como si quisieran tomar el Palacio de Invierno. Pero los senadores dijeron lo que querían en libertad”.