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El secretario de Coordinación de la cartera de Planificación, Roberto Baratta, pidió al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, que disponga la emisión de letras del Tesoro por 225 millones de dólares para poder pagar la importación de combustible de julio y agosto desde Caracas. Fue un reclamo por nota, motivado por la urgencia de paliar el déficit que está acumulando el Estado por los subsidios al área energética. Argentina no está pagando a Venezuela el fuel oil y gasoil que le compra, generando un problema en cadena: la administración de Hugo Chávez dispone de menos recursos, a su vez, para financiar las importaciones desde Argentina.

La deuda acumulada a favor de Pdvsa, la energética estatal del país caribeño, por el combustible que se le compró, asciende a 813 millones de dólares. Según el acuerdo original, Argentina debía pagar un 20 por ciento al contado y el resto en doce cuotas mensuales, con un costo financiero del 2 por ciento anual. Como no pudo cumplir, el contrato se refinanció en condiciones bastante más duras: 6 por ciento anual más libor (tasa interbancaria londinense), a través de un acuerdo no refrendado aún por Economía y Planificación, a pesar de que el ministro Julio De Vido está directamente involucrado en el tema y sería el principal demandante de su rápida implementación.

El 7 de julio venció la primera cuota, a la que no se hizo frente. Formalmente es Cammesa quien concentra estas operaciones, razón por la cual su vicepresidente, José Sanz, reclamó por escrito al subsecretario de Energía, Luis Beuret, que se rubrique aquel contrato. En principio, para clarificar cuentas. También, para poder cancelarlas. La respuesta del secretario llegó por nota el 3 de agosto y fue elocuente: mientras esa formalidad no esté cumplida, se deben solicitar fondos al Banco de la Nación Argentina por 32 millones de dólares.

Siempre según la versión original, lo que el país paga por el combustible venezolano nutre un fondo fiduciario en Venezuela que debe utilizarse para pagar importaciones de bienes argentinos. Las posibilidades de fortalecer el menú exportador se reforzaron de modo contundente en las últimas semanas a partir del distanciamiento diplomático y comercial de Chávez con Colombia, lo que abrió un espacio para que Argentina ocupe ese lugar eventualmente con sus propios productos. Pero el dinero tendrá que tener una fuente distinta a ese fondo.

Las cuentas energéticas del Estado son muy enmarañadas. Pero del detalle de pasivos precisado en ese intercambio epistolar entre los funcionarios surge nítido el esfuerzo fiscal en la materia. Desde diciembre de 2003 a abril del año pasado, el Tesoro aportó 23.560 millones de pesos al mercado eléctrico mayorista, la mitad para comprar combustible del exterior. Cammesa tiene hoy un rojo de 5300 millones de pesos, más de la mitad por el carburante venezolano. En parte, ésta es la compensación que el Estado paga a los generadores de electricidad para que no transfieran los mayores costos de producir al usuario final. Otra porción (340 millones) es para mejorar la remuneración de los productores de gas.

El Gobierno aspiraba a aliviar este paquete de subvenciones con los últimos adicionales a las tarifas de luz y gas, ahora postergados. Así, serán los clientes domiciliarios y no el Tesoro quien soporte la carga de la escasez de combustible o el mayor costo de producirlo.