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El Banco Central es un reducto histórico de los representantes del liberalismo económico. La extrema sensibilidad social vinculada al dinero ha impuesto en el sentido común que la cuestión bancaria tiene que ser manejada por expertos en la materia. Esos especialistas son en su mayoría militantes de la ortodoxia económica con estrechas relaciones con el mundo financiero. Esa hermandad se ha fortificado en las últimas décadas con la desregulación y apertura al capital en el marco de una extraordinaria expansión de las finanzas globales. Gran parte de los políticos, tanto aquellos que ejercen funciones ejecutivas como los de la oposición que aspiran a lo mismo, aceptan esa sociedad promiscua porque no quieren perder su capital electoral por miedo a eventuales estallidos de inestabilidad financiera, que esa comunión promete evitar. Algunos están convencidos de que esos expertos son los que saben y otros aceptan que deben ejercer el poder con esa restricción. La administración kirchnerista transitó ese camino primero con Alfonso Prat Gay y luego con Martín Redrado, con el resultado conocido. Sin embargo, el caso más emblemático de esa situación es el de Enrique Meirelles, presidente mundial del entonces Bank Boston, que fue elegido por Lula da Silva al comienzo de su mandato para conducir el Banco Central de Brasil. Meirelles acompañó desde ese cargo a Lula en su primer y segundo gobierno. En esos años, la tasa de interés real en dólares en Brasil fue una de las más altas del mundo y los bancos contabilizaron período tras período ganancias crecientes record. Un paraíso para los financistas y la bicicleta especulativa. El objetivo político de Lula fue exitoso: brindar una señal de tranquilidad al sector financiero cuando en el mercado se temía por el izquierdismo del Partido de los Trabajadores. Este antecedente deja en evidencia que existe una aceptación bastante extendida en la mayoría de los países de que las bancas centrales son y deben seguir siendo un territorio liberado de los financistas. En ese escenario de hegemonía de la ortodoxia se puede comprender la extraordinaria interpelación a la presencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Como también la destemplada censura a su nominación por parte del heterogéneo bloque de la oposición.

Marcó del Pont no es una economista liberal ni ha estado vinculada al mundo del negocio financiero. Su formación académica se reconoce en la escuela del pensamiento desarrollista, privilegiando entonces el crecimiento económico con base en los sectores productivos y no en los especulativos. Participó en cada uno de los espacios más relevantes de resistencia al avance del neoliberalismo (CTA, Plan Fénix, Frenapo), cuando intervenir en esa batalla implicaba el desierto mediático y político. La arrebatada mayoría de la oposición en la Comisión de Acuerdos en el Senado impugnó su designación, que ahora deberá ser tratada en el recinto. La impunidad mediática y el escaso decoro de esos senadores permitieron que uno de los encargados de argumentar en contra de la designación de Marcó del Pont haya sido el ex banquero del JP Morgan, ex titular del BC y ahora diputado Alfonso Prat Gay, a quien algunos economistas lo mandaron a estudiar finanzas porque no hizo bien las cuentas cuando no descontó valores futuros al presente al criticar la refinanciación con quita de bonos en default (artículo “La quita de la quita”, La Nación, 1º de diciembre de 2006).

La tarea de esa comisión es evaluar la calidad intelectual y académica de la postulante por el Poder Ejecutivo. También la idoneidad de Marcó del Pont para ejercer el cargo de presidente del Banco Central. El rechazo a su pliego deduce que esos senadores están convencidos de que una economista que no es liberal ni subordinada al poder financiero no puede o no debe estar al frente de la entidad monetaria. Esa decisión interpreta que esos legisladores consideran que una economista que no tenga el aval del poder financiero y sus voceros no debe ejercer el mando del Central. Esta institución pública está dominada en sus cuadros técnicos por la corriente ortodoxa, con subterráneos canales que unen sus intereses con los de banqueros y cambistas. La posibilidad de empezar a transformar esa estructura reaccionaria, que no se puede hacer de un día a otro, sino que requiere de tiempo, paciencia y compromiso de otros economistas para asumir ese desafío, quedaría golpeada ante un probable aunque no seguro rechazo al pliego de Marcó del Pont.

El silencio que por ahora mantienen sectores que se denominan progresistas ante ese avance conservador se parece mucho a complicidad. Esquivar esa responsabilidad por lo que consideran la mancha venenosa puede tener un costo elevado para los intereses de las mayorías postergadas, que dicen representar. La traumática experiencia de la Resolución 125 que los reunió con la Sociedad Rural debería servir de antecedente para no repetir errores. Puede ser que en ese momento hubieran pensado que votar en contra de las retenciones móviles con compensaciones beneficiaría a los pequeños productores. El desarrollo posterior reveló que no fue así, no sólo en el aspecto económico sino en el espacio político: las comisiones de Agricultura en Diputados y Senadores quedaron en manos de dirigentes de la CRA (Ricardo Buryaile) y SRA (Josefina Meabe, hermana del titular de la Rural correntina), respectivamente.

En las pocas semanas que Mercedes Marcó del Pont conduce el Banco Central ha emprendido otras iniciativas relevantes, además de respetar un DNU con fuerza de ley que ordena el pago de deudas con una pequeña porción de las reservas. En todas estas décadas de dominio de la ortodoxia en la autoridad monetaria las reuniones de su titular con banqueros han sido lo usual y corriente. Es lo previsible y lógico, puesto que el Central tiene bajo control esa actividad. En cambio, no es fácil hallar antecedentes de encuentros protocolares de presidentes del Banco Central con dirigentes de cámaras empresarias o con sindicalistas, como si las políticas financieras no influyeran en el mundo empresario y del trabajo. Marcó del Pont se reunió en el propio Central con los representantes de la cámara de empresarios de la alimentación, así como también ha recibido el apoyo entusiasta de empresarios pymes.

Además de encuentros formales con sectores de la producción, Marcó del Pont tiene dos ejes principales para su gestión: reorientar el crédito hacia la actividad económica, en especial a la generadora de mayor cantidad de puestos de trabajo, y comenzar una supervisión integral del sistema analizando la conformación de grupos financieros que permiten ocultamiento de ganancias y la realización de maniobras sospechosas. El fomento de la inversión productiva y el control sobre el negocio global de los bancos no requieren modificar la Carta Orgánica del BCRA. Sólo se necesita voluntad, que Marcó del Pont expresa tener, para aplicar herramientas disponibles que sus antecesores omitían. No es la agenda tradicional de un banquero central, lo que no implica que no debiera serlo si se considera que la autoridad monetaria no tiene que ser guarida de los financistas. Si triunfa en el Senado la impugnación a Marcó del Pont, no será una derrota de la administración kirchnerista, sino que será la de una oportunidad de intentar la lenta pero imprescindible tarea de transformar una institución conservadora al servicio del poder económico en otra dispuesta a ocuparse de las necesidades de las mayorías.

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