Tras dos años de un debate agrícola centrado casi exclusivamente en las retenciones a la exportación de soja, aparecen sobre el escenario otras cuestiones más vinculadas a una producción diversificada y sustentable. La recuperación de la ganadería, el impulso a la siembra de trigo y las perspectivas de las economías regionales se abren paso en la discusión entre Gobierno y productores, no sólo por un cambio de precios relativos que favoreció estas producciones sino por una política desarrollada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que, sorprendentemente –tomando en cuenta la relación campo-gobierno de los últimos tiempos–, está teniendo favorable acogida por las áreas que recorre. También cambiaron los interlocutores: los dirigentes rurales locales empiezan a encontrar un espacio propio muy distinto al que tenían cuando se subordinaban al juego político de la Mesa de Enlace.

El 14 de mayo, el Gobierno presentó el Plan estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016. Sus lineamientos habían sido expuestos a la presidenta de la Nación en diciembre por el entonces flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Entre sus novedades incluía la de no presentar un plan integral y cerrado, sino una exposición de objetivos, principales líneas de acción, concepción estratégica de la política de desarrollo agrícola centrada en la agregación de valor y la revaloración del rol del Estado. Su implementación y diseño, se propuso, correría por cuenta de los entes académicos, sectores empresarios de la agroindustria y autoridades provinciales y locales que se sumaran. Seis meses después, 43 universidades, 150 cámaras empresarias y autoridades gubernamentales de 23 provincias participan en el desarrollo del plan. No es un dato menor para un país al que la oposición caracteriza como “en grave crisis institucional”, poniendo al “campo” como ejemplo de todos los males en materia de gestión oficial.

La “puesta en marcha” del plan estratégico también adquirió un formato particular. Domínguez está recorriendo las zonas de producción, empezando por las más afectadas por fenómenos climáticos (sequías o inundaciones), para acercar soluciones y discutir con los dirigentes locales (del sector público y privado) los instrumentos para recuperar la actividad. El resultado –otra vez, teniendo en cuenta antecedentes cercanos– es notable. En las asambleas zonales, la intervención de las autoridades nacionales no está exenta de cuestionamientos en términos duros hacia el gobierno nacional. Pero la actitud de “no correrle el cuerpo” al debate e ir con propuestas fundadas en informes técnicos está empezando a darle frutos al ministerio.

Domínguez recorrió no menos de tres veces, en este mes de mayo, zonas del sur de la provincia de Buenos Aires. Es un área fuertemente golpeada por la sequía que impactó sobre la actividad ganadera y triguera. Hay zonas, al sur de Bahía Blanca, donde el stock vacuno se perdió en un 70 por ciento. Es decir, no es el paraíso buscado por los capitales especulativos de los pooles de siembra. En Coronel Pringles ofreció una compensación de 12 mil pesos por productor de trigo para posibilitar las tareas de siembra de la nueva campaña. Pero atendiendo a la necesidad de sustentabilidad de la actividad, en una segunda visita puso en marcha un mecanismo de provisión de semillas y gasoil a los productores con un instrumento novedoso para su financiamiento.

Con la participación de diez intendentes de municipios del sudoeste bonaerense, más referentes regionales de Federación Agraria y Carbap, el ministerio le dio impulso a un “fondo rotativo” de 27 millones de pesos aportados por el Estado nacional pero administrado por las fuerzas locales mencionadas. Este fondo será destinado a la compra de semillas y gasoil para la próxima campaña, que el productor recibirá sin desembolso inmediato, y recién deberá reponer a partir de los resultados de la cosecha. De este modo, se restituye el fondo, que vuelve a ser administrado y aplicado por productores, municipios y entidades locales. El nuevo mecanismo surgió como respuesta al rechazo de los productores al salvavidas por vía de subsidios. “Nos llega una vez y después se olvidan de nosotros”, respondían. Para el ministerio, fue un aprendizaje. “Instrumentamos la ayuda en forma de fondo rotatorio porque queremos que se convierta en una herramienta de la comunidad”, fue la solución encontrada. Y aceptada. En Río Negro, esta semana, también se puso en marcha la implementación del plan estratégico apuntando a la reconversión frutícola y recuperación ganadera. Ahora, el mecanismo se aplicará en La Pampa para volver a plantar pasturas y reponer stock tras la liquidación de vientres de los últimos dos años.

La actitud inicial de la dirigencia rural había sido de resistencia: no compartían la metodología de acción directa del ministro. Terminaron adhiriendo por presión de los propios productores y la verificación de que no había muchas alternativas. El productor con dos cosechas o el 50 por ciento de su stock vacuno perdido no es “sujeto de crédito”. Sin la atención del Estado, va destino a desaparecer. Hoy, sociedades rurales locales, filiales regionales de Carbap y Federación Agraria, y Mujeres Agropecuarias participan activamente.

El gobierno nacional también comprendió que perder productores equivalía a liquidar la actividad en la zona. Para fortuna de todos, la respuesta fue inmediata y el área sembrada es un éxito. La reposición ganadera demorará más, pero “se trabaja con metas a seis años”. El plan estratégico agroalimentario, con sus particularidades, está en marcha.