A partir de agosto, sociedades comerciales y entidades civiles deberán actualizar sus datos ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Las distintas organizaciones poseen 60 días para presentar una declaración jurada donde constará el estado de inscripción de su sede social y sus autoridades vigentes, el último estado contable presentado ante la IGJ, la ultima tasa abonada en el organismo, el número de CUIT y la firma del responsable. El incumplimiento de la obligación impedirá dar curso y aprobar trámites en la IGJ en el futuro y también podrá generar multas de hasta 6000 pesos y sanciones a directores y síndicos por eludir la fiscalización.