La encendida polémica que protagonizaron en la semana que pasó el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el Ministerio de Planificación, cuya representación asumió Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera conducida por Julio De Vido, volvió a dejar al desnudo que aún está pendiente un profundo debate en materia de política energética. No para que todos se pongan de acuerdo, pero sí al menos para que se puedan pasar en limpio las posiciones y poder entender las diferencias. Mientras que el gobernador –que se presenta como aliado de la Presidenta pero adversario irreconciliable de su ministro de Planificación– defendió la tesis de que el gas que se extrae en Salta debe ser para los salteños, desde algunos foros empresarios –con respaldo de ex secretarios de Energía de la etapa de las privatizaciones– se sostuvo con énfasis que los problemas de escasez se resuelven con aumentos de precios, tanto como sea conveniente para facilitar la importación. El modelo de recorte (a medias) de las facultades dadas en los ’90 a las firmas privatizadas, más la ampliación de la administración nacional sobre el uso de los recursos, aplicado desde 2004, redujo notablemente los problemas de abastecimiento en el sector energético, pero no el de las inversiones necesarias para equilibrar con mayor oferta el acelerado crecimiento de la demanda. Frente a las dificultades, aparecen sugerencias de retroceder al modelo privatista de los ‘90, sin reconocer que el problema actual tiene su raíz en ese modelo, no en la decisión de haberlo abandonado parcialmente.

Como ocurre en todo el globo terráqueo y en cada una de sus regiones, en la Argentina los recursos naturales no están distribuidos equitativamente entre todas sus provincias. Ni se acumulan en el subsuelo justamente debajo de donde se concentran sobre la superficie las mayores masas de población. Por lo general, pasa exactamente lo contrario. Esta semana, Urtubey consideró ridículo que el gas que produce Salta vaya al resto del país cuando su propia población no puede utilizarlo. Por eso demandó judicialmente a la empresa que lo transporta para sacarlo de la provincia, TGN, y al organismo que dispone darle ese destino, el Enargas.

El modelo de privatización del gas de los ’90 apuntaba precisamente a eso, que aparece sugerido en el reclamo del gobernador –aunque no haya sido ésta su intención—: el desmembramiento del país en cuanto a la disponibilidad de sus recursos naturales. Si antes el sistema energético funcionaba como una unidad nacional integrada, la división de las empresas nacionales en varias porciones y su privatización por separado buscó justamente cambiarle el concepto a la actividad: de un recurso al servicio de una necesidad, pasaba a ser un número equis de unidades de negocio que debían rendir lo suficiente en términos lucrativos como para alentar el mantenimiento de su actividad en manos privadas. La distribución del gas se dividió en ocho, el transporte troncal en dos y la producción en boca de pozo se desreguló completamente sin participación de empresa estatal.

El consumo de gas por habitante en Salta es muy inferior al de la mayoría de las provincias argentinas. No porque la gente del norte sea muy ahorrativa, sino por razones estrictamente climáticas. Mientras que la provincia de Urtubey consumió el invierno pasado 154,3 metros cúbicos de gas natural cada mil habitantes por sistema de red, en Tierra del Fuego la demanda llegó a 1339,8 metros. Chubut y Santa Cruz anduvieron en el orden de los 1000 m3, Neuquén y Río Negro en torno de los 600 metros. A medida que se avanza para el norte van bajando los niveles de consumo: La Pampa y Mendoza entre 320 y 370 m3, y Buenos Aires, Córdoba y San Luis algunos escalones por arriba de los 200 m3. La ciudad de Buenos Aires midió 288,2 m3 de consumo cada mil habitantes.

Desde una concepción privatista y no integradora, Salta estaría en inmejorables condiciones para imponerle las mejores condiciones económicas a su gas si el resto quiere consumirlo, ya que la cuenca sobre la que se asienta produce entre el 10 y el 11 por ciento de la producción nacional (no el 18 por ciento, cifra desactualizada que lanzó el gobernador esta semana). Pero bajo ese criterio, también le correspondería a Corrientes y Misiones sacarle todo el provecho a la energía eléctrica que produce Yacyretá, el mayor emprendimiento en la materia del país y del que la región sólo se abastece después de que los megavatios que surgen de sus turbinas pasen por el sistema interconectado nacional. Incluso, por proximidad, al noreste seguramente le resultaría mejor negocio venderle la energía a Brasil en vez de brindársela barata al resto del país. “¿Por qué tiene que padecer privaciones la población misionera o correntina cuando puede guardarse para sí la energía eléctrica y hacer un mejor negocio con ella?” Este tipo de razonamiento, y el supuesto provecho que redundaría de él, fue el que imponía el pensamiento dominante de los ’80 y los ’90.

Roberto Baratta, de Planificación, le recordó al gobernador los importantes subsidios del gobierno nacional recibidos por la provincia en materia de energía eléctrica. Estimó que el beneficio en los últimos ocho años acumulaba unos 968 millones de pesos, el 67 por ciento a favor del consumo domiciliario y el 22 por ciento para la industria. No es cuestión de pases de factura, ni de confrontación sobre quién le debe más a quién. Pero puede ser un llamado de atención sobre la necesidad de un debate a fondo sobre dos modelos confrontados.